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Posted on 2012/01/26

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Benjamín Cuellar Martínez (*)  

SAN SALVADOR – El 15 de marzo del 2009 ganó la esperanza porque venía el cambio. Al menos, eso creyó mucha gente entre el “voto duro” de la antigua guerrilla y quienes vieron a Mauricio Funes como el que “salvaría a El Salvador”. Aún suena su labia seductora al ser ungido como “príncipe rojo” el 11 de noviembre del 2007, violando la Constitución. Faltando más de dieciséis meses para la elección, dijo: “¿Quién no se siente inseguro en nuestro país? El mes pasado cerró con una tasa promedio de diez homicidios por día. Para las autoridades de seguridad pública el que hoy se cometan dos o tres asesinatos menos al día de los que se cometían hace tres años es un éxito”. Cierto, señor Funes. Así presumía su antecesor.

Usted, con toda la razón, agregó entonces lo siguiente: “Para los y las salvadoreñas, solo cuando nuestros hijos puedan vivir con seguridad, solo cuando podamos salir a nuestros trabajos o regresar de ellos sin el temor de ser asesinados, solo cuando dejemos de vivir en la zozobra diaria de que algo nos pueda ocurrir, entonces podremos hablar de que las políticas de combate a la delincuencia están dando resultados. Mientras tanto, mientras eso no ocurra, el fracaso es visible […] Hay que cambiar el concepto de seguridad pública de este gobierno […]”.

“La apuesta a la represión –siguió Funes, el candidato– ha permitido que un pequeño grupo de amigos del presidente, dirigentes del partido ARENA, se hayan enriquecido con la implementación del modelo de seguridad privada. No existe voluntad política para reducir los altos niveles de criminalidad en el país. Preguntémonos, ¿por qué el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción gubernamental siguen sin ser combatidos con eficacia? ¿Qué intereses esconden que no ha habido Presidente de la República que en dieciocho años pueda asegurar con solvencia que ha combatido esta forma de delincuencia?”.

Y remató  así: “Sólo los que queremos un cambio estable en el país, acabaremos con este problema. Siendo candidato, el Presidente Saca aseguro que durante su gobierno ‘a los malacates se les acabaría la fiesta’. No sólo no se les ha acabado la fiesta, la han trasladado a Casa Presidencial. Nosotros si combatiremos la delincuencia, nosotros si acabaremos con la fiesta que hoy celebran los delincuentes”.

¿Qué hay a estas alturas, cuando ya pasó la mitad de su período? Al empezar el 1 de junio del 2009, con alto capital político y sin elecciones enfrente, Funes estaba ante la posibilidad de cumplir sus promesas. Pero siguió con la “mano dura”, parte de la “herencia maldita” que dijo haber recibido. No la eliminó; al contrario, “militarizó” más la seguridad pública que inició Cristiani y mantuvieron los otros presidentes “areneros”.

Antes de designar al general David Munguía Payés como Ministro de Justicia y Seguridad Pública, en noviembre del 2011, Funes lanzó este reto: “Qué me digan […] en qué parte de los Acuerdos de Paz en su letra o espíritu o en qué parte de nuestro ordenamiento constitucional se prohíbe que un militar en situación de retiro que por lo tanto pasa a ser civil puede ocupar un cargo como el de Ministro de Justicia y Seguridad”

Pues antes que el nombramiento de su “hombre de toda confianza”, así lo llamó, es el uso de militares en tareas de seguridad pública lo que viola el artículo 168 de la Constitución; mantener e incrementar eso viola, además, el literal F del romano primero, en el capítulo sobre la Fuerza Armada del Acuerdo de Chapultepec. Pero a él y a sus actuales socios, les vale. Por eso pasaron de los cerca de tres mil soldados con Cristiani hace casi dieciocho años, a los casi nueve mil o más de hoy. ¿Es eso un uso excepcional de la institución? 

Nombrar a Munguía Payés antes y ahora al general Francisco Salinas como director general de la Policía Nacional Civil, también contradice esos dos documentos esenciales para construir el “nuevo El Salvador” que nos prometieron. La PNC –según el Acuerdo de Chapultepec– “estará bajo la dirección de autoridades civiles (artículo 168, numeral 17 de la constitución). Estas serán: el Presidente de la República, el Ministro, el Viceministro, el Director General de la Policía, los Subdirectores Generales, el Inspector General, los Jefes de División de cada servicio y los Jefes de las Delegaciones Departamentales”

Pero además, hay algo que preguntarle a Funes. ¿Ha servido de algo ese uso de la fuerza Armada? No discutamos ahora su pasado criminal; dejemos también lo de las violaciones a la Constitución y los acuerdos de paz, al hacer lo que está haciendo. Solo conteste esta pregunta, señor Funes. Díganos con datos si, después de tantos años con ARENA apelando a los militares y casi tres de su período con más de lo mismo, tiene algún resultado del cual presumir. Usted dijo el 11 de noviembre del 2007: “El mes pasado cerró con una tasa promedio de diez homicidios por día”. Hoy la realidad le dice a las mayorías populares, que son las más golpeadas por la criminalidad, que sus dos años completos de Gobierno –el 2010 y el 2011– cerraron con una docena de homicidios como promedio diario. Si fuera exitosa la intervención de los militares en algo para lo que no tienen la formación necesaria, ni la Constitución ni los acuerdos están escritos en piedra. Pero no es así.

En lugar de hacer lo que ni los presidentes de ARENA se atrevieron, mejor cumpla lo que prometió si lo elegían y no repita lo que criticó como periodista y candidato. Hasta ahora, recordando su primer discurso de campaña, su fracaso es visible en el combate a la delincuencia y en la superación de la violencia. Según dice, nadie lo presionó para hacer lo que anunció el pasado lunes 23 de enero, un día después de conmemorarse ochenta años de la horrenda operación militar en la que masacraron alrededor de treinta mil personas y un día antes del sexto aniversario luctuoso del máximo líder del partido que le sirvió para llegar a la Presidencia. ¿No lo hizo su “aliado estratégico” que ha forzado a los gobiernos de México y el “triángulo norte” de Centroamérica, a poner los muertos en su guerra contra el narcotráfico? 

En fin, si no cambian las cosas con lo que acaba de hacer –porque al menos aparenta que “hace siempre lo que quiere y su palabra es la ley”– ¿seguirá encaprichado y nos recetará servicio militar obligatorio, compra de aviones y más equipo bélico, estado de sitio, toque de queda, ley fuga y pena de muerte? ¿Le entregará la banda a uno de estos dos generales o a cualquier otro?

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