LPG-Violencia y justicia

Posted on 2012/01/22

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Escrito por Gabriel Trillos
Domingo, 22 enero 2012 00:00

gtrillos@grupodutriz.com

Twitter: @gtrillos

La violencia no dio ni un minuto de respiro al país en este inicio de 2012. Es más, se ha registrado una serie de homicidios múltiples, ataques a policías y revueltas carcelarias que complican más la situación. El ministro de Seguridad, el general David Munguía Payés, quien hoy cumple 60 días de estar sentado en esa silla, ha planteado que a la base del repunte violento está la orden de algunas pandillas para incrementar sus acciones, y peor aún, estas órdenes se han dado desde las cárceles (por cierto una explicación que antes no se creía y se pensaba en que era un análisis facilista de los anteriores jefes de la seguridad pública).

Sin embargo, no se puede dejar de preguntar qué más hay. Si basta con órdenes desde las cárceles para que la cresta violenta suba, entonces, ¿por qué desde el Ejecutivo no se toma una decisión radical de emergencia alrededor de los penales? Se coordina con las instituciones del sector justicia y derechos humanos y se demuestra la imperante necesidad de establecer un plan de régimen especial para las penitenciarías. ¿Alguien se opondría a detener el crimen generado desde los recintos carcelarios?

Me da la impresión de que no es el único detonante, y digo detonante, porque además tenemos las razones recurrentes que ya volveremos a mencionar más adelante, por ejemplo, la impunidad generada entre algunas causas por el poco apoyo recibido desde el Órgano Judicial. Me preocuparía si parte del problema de violencia tiene como “cómplice” la desconcentración de los más importantes mandos policiales a la sazón de la politiquería y la ideología por la llegada del general al ministerio que ha significado, por lógica, la creación de nuevos grupos de confianza y nuevos asesores. Esperemos que estas aguas se contengan, pues ya vemos que en este río revuelto la ganancia es de los criminales y las pérdidas sangrientas son para la sociedad.

No podemos dejar de lado la fundamental ayuda que se necesita desde el poder judicial, la cual ha estado ausente con mayor gravedad estos últimos dos años y medio. Durante estos 30 meses se han visto esfuerzos pírricos desde las máximas autoridades de este órgano en asuntos claves como el combate a la corrupción y la depuración judicial, y en la coordinación con todo el sector justicia y hasta con sus mismos tribunales. Esta semana, una reunión entre autoridades de Seguridad Pública y magistrados de la Corte Suprema de Justicia permitió sacudir la petición de apoyo. La Corte, por ejemplo, se gastó varios millones de dólares en un nuevo mapa judicial del país, donde se muestra con claridad la sobrecarga de trabajo de algunos tribunales y la tranquilidad con la que pasan muchos otros juzgados, ya sea por zona geográfica o por materia encargada. Por tanto, la petición de creación de nuevos tribunales especializados contra el crimen organizado es viable, siempre y cuando exista la disposición de parte de los magistrados a redistribuir las cargas y a utilizar de forma eficiente el presupuesto de más de 200 millones de dólares que se les asigna cada año.

La violencia no dará tregua y seguramente los criminales darán su guerra. Pero las instituciones deben responsabilizarse de este problema. Las organizaciones de la sociedad civil deben presionar con más fuerza para obligar a todos a responder a sus deberes como funcionarios públicos del sector justicia. No habrá ningún beneficio para la sociedad, si estas instituciones continúan respondiendo de la misma manera, y si los ciudadanos se lo permitimos.

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