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Posted on 2012/01/19

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Juan José Dalton  

SAN SALVADOR – El presidente Mauricio Funes, en el día en que se celebran los 20 años de posguerra –el 16 de enero-, se lanzó “con todo” en contra de los sectores más derechistas y militaristas de El Salvador. No es para menos: mencionó con sus cargos y por sus nombres y apellidos a los oficiales responsables de la horrenda masacre de El Mozote, donde fueron cerca de mil los asesinados, mitad de ellos, menores de edad; algunos incluso en los vientres abultados de sus madres y otros que fueron desprendidos de los pechos de sus progenitoras.

Los militares mencionados como responsables de las matanzas en El Mozote y sus alrededores, fueron el Teniente Coronel Domingo Monterrosa; Mayor José Armando Azmitia Melara y el Mayor Natividad de Jesús Cáceres, jefes del ya proscrito Batallón de Infantería de Reacción Inmediata (BIRI) “Atlacatl”, mismo que fue entrenado en las bases de Estados Unidos en métodos de “tierra arrasada”, como la que los estadounidenses llevaron a cabo en la guerra de Vietnam.  

“Fue un desembarco en helicópteros precedido de bombardeos”, cuentan los sobrevivientes. Luego, cuando la población fue cercada y llevada al centro de los pueblos, entonces procedieron a matar a los hombres. Las mujeres jóvenes y niñas eran violadas antes de ser ametralladas y a los niños fueron encerrados en el convento detrás de la iglesia católica, donde fueron ametrallados y quemados con lanzallamas.

Después de 30 años de aquel hecho, el mandatario tuvo otro hecho que requiere de alto coraje: ordenó al actual mando militar hacer una revisión de la interpretación que la Fuerza Armada tiene sobre el hecho ocurrido y el reconocimiento que el Jefe de Estado hizo de lo que consideró “barbarie”.

No es fácil. La Fuerza Armada tiene, sobre todo en Domingo Monterrosa, a un “héroe legendario”, cuando en realidad es el prototipo de un criminal de guerra.

La derecha salvadoreña creó sus mitos: Roberto D´Aubuisson, ya fallecido y quien ha sido señalado en investigaciones nacionales e internacionales como el autor intelectual del magnicidio del Arzobispo Oscar Romero, es un hombre al que se le erigen monumentos, plazas públicas y recibe todo tipo de homenajes, cuando también fue un criminal de lesa humanidad, fundador de los escuadrones de la muerte.

La guerrilla no se queda atrás, Joaquín Villalobos y Jorge Meléndez, por ejemplo, responsables del asesinato del más destacado intelectual salvadoreño, Roque Dalton, así  como de otras personas y por lo cual son mencionados en el Informe de la Comisión de la Verdad, fueron en algún momento catalogados como “héroes revolucionarios” y han sido objeto de reconocimientos inmerecidos, como el caso de Villalobos, que es asesor antidrogas del presidente mexicano Felipe Calderón, y Meléndez, Secretario Presidencial para Asuntos de Vulnerabilidad, del propio Mauricio Funes.

La familia de Dalton ha entablado un proceso judicial en El Salvador en contra de Villalobos y Meléndez, pero la impunidad persiste por el momento a través de argucias legales y justificaciones de prescriptibilidad del delito. Además porque los acusados están protegidos por sus respectivos jefes y todopoderosos mandatarios.

No obstante, la acción de Funes en este aniversario de paz puede marcar un parte aguas y la impunidad realmente pudiera ser apartada de nuestra historia, si es consecuente en discurso y acción.

“Como Jefe de Estado, pido también a las organizaciones civiles y a las  autoridades nacionales involucrados  en el tema de justicia, particularmente a la Fiscalía General de la República,  a los jueces y magistrados  del Órgano Judicial,  que contribuyan con su acción a favorecer el combate de la impunidad en el país. Y pido a los miembros actuales y futuros de la Asamblea Legislativa que legislen con sabiduría, que revisen lo que haya que revisar, para impedir la impunidad”, aseguró Funes.

El discurso emotivo y serio que Funes brindó este 16 de enero a la nación salvadoreña, debe convertirse en acciones largamente esperadas por las víctimas del hechos oprobiosos de antes, durante y después de la guerra civil. Los muertos de la guerra fueron 75 mil; lo de las posguerra 40 mil, gran parte por la violencia que el Estado ha sido incapaz de detener.

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