Co Latino-La Independencia Judicial y el perfil de Magistrados/as de la Corte Suprema de Justicia (V) | 11 de Enero de 2012 | DiarioCoLatino.com – Más de un Siglo de Credibilidad

Posted on 2012/01/11

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Jaime Martínez Ventura. Abogado
Director General de la ANSP

2.Consideraciones en torno a la legislación vigente A continuación se hace una revisión de la legislación  vigente en nuestro país, en relación a las garantías, obstáculos y limitaciones de la independencia judicial, desde una perspectiva unitaria, es decir, sin distinciones entre independencia orgánica y funcional, en el entendido de que, como hemos sostenido, la independencia judicial es una sola, sin menoscabo de la mayor o menor atención que se pueda hacer de una u otra forma en que se manifiesta o se analiza.  
La revisión de las garantías se hará a partir de los principios básicos (proclamados por Naciones Unidas) enunciados en el apartado 2.8; es decir, examinaremos si dichos principios están o no reconocidos por nuestras leyes vigentes, en qué medida están proclamados, y luego revisaremos los tropiezos que las mismas leyes establecen a la independencia judicial.
3.1 Garantías constitucionales, derecho internacional y leyes secundarias
3.1.1 Garantía estatal y proclamación constitucional
Aunque el Art. 86 Cn., prescribe que los órganos de gobierno ejercerán el poder  independientemente, dentro de sus respectivas atribuciones y competencias, la verdadera proclamación constitucional de la independencia judicial, se encuentra en el Art. 172, inciso 3º Cn., al expresar: “Los magistrados y jueces, en lo referente al ejercicio de la función jurisdiccional, son independientes y están sometidos exclusivamente a la Constitución y las leyes”.
En cuanto a la garantía estatal, fue a partir de la reforma constitucional de 1991 que se estipuló en el inciso 5º del Art. 186 (Cn.), lo siguiente: “La ley debe asegurar a los jueces protección para que ejerzan sus funciones con toda libertad, en forma imparcial y sin influencia alguna…”
En el plano del derecho internacional, la independencia judicial está reconocida como una garantía judicial por los más importantes instrumentos y convenios internacionales suscritos y ratificados por El Salvador, como son la Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 10); la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Art. 26); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 14.1); y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 8.1).
3.1.2 Nombramiento imparcial
No hay disposición constitucional que expresamente consagre este principio, aunque alguna contribución debe reconocerse al papel del Consejo Nacional de la Judicatura que, de acuerdo al Art. 187 Cn., “es una institución independiente, encargada de proponer candidatos para los cargos de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Magistrados de las Cámaras de Segunda Instancia, Jueces de Primera Instancia y Jueces de Paz”.
Asimismo, el inciso. 1º, del Art. 186 Cn, expresa: “Se establece la carrera Judicial” y el Art. 1 de la “Ley de la Carrera Judicial” estipula: “La presente ley tiene por objeto organizar la Carrera Judicial, normará las relaciones de servicio de los funcionarios y empleados judiciales con el Órgano Judicial; regulará la forma y requisitos de ingreso a ella, las promociones y ascensos en base al mérito y a la aptitud; los traslados; así como los derechos, deberes, beneficios y sanciones disciplinarias aplicables a sus miembros. La Carrera Judicial tiene como finalidad garantizar la profesionalización y superación de los funcionarios y empleados judiciales, así como la estabilidad e independencia funcional de los mismos, contribuyendo con ello a la eficacia de la administración de justicia.”
El Art. 15 de la misma Ley establece que los aspirantes a ingresar a la carrera judicial se someterán a procedimientos de selección técnicos y que tales procedimientos deberán garantizar la objetividad de la selección, la igualdad de oportunidades entre los aspirantes y la idoneidad de los seleccionados. Comprenderán concursos, y el paso por la Escuela de Capacitación judicial, cuyo funcionamiento y organización es responsabilidad del Consejo Nacional de la Judicatura, según lo dispone el inciso 2º, del Art. 187 (Cn.).
3.1.3 Permanencia e inamovilidad
La Constitución y las leyes secundarias no hablan de permanencia o inamovilidad, sino de estabilidad, así el Art. 186, inciso 4º Cn., establece: “Los Magistrados de las Cámaras de Segunda Instancia, los Jueces de Primera Instancia y los Jueces de Paz integrados a la carrera judicial, gozarán de estabilidad en sus cargos”; el inciso 2º del Art. 1 de la Ley de la Carrera Judicial, estipula que una de las finalidades de la carrera judicial es garantizar la estabilidad e independencia de los funcionarios y empleados judiciales, y el Art. 4º, de la mencionada Ley, desarrolla ampliamente el principio de estabilidad de los miembros de la carrera judicial, protegiéndolos de la remoción, suspensión o traslados arbitrarios1 .
Lo desarrollado en esta parte, es aplicable al principio de suspensión y separación del cargo, que son regulados por nuestras leyes, al igual que la permanencia e inamovilidad, bajo el concepto de estabilidad.
3.1.4 Remuneración adecuada y condiciones de servicio
El inciso 5º, del Art. 186 Cn., entre otras cosas, dispone, que la ley debe asegurar a los jueces… los medios que les garanticen una remuneración justa y un nivel de vida adecuado a la responsabilidad de sus cargos. Asimismo, como resultado de una de las reformas constitucionales más sobresalientes y trascendentales derivadas de los Acuerdos de Paz, el inciso final del Art. 172 estipula: “El órgano judicial dispondrá anualmente de una asignación no inferior al seis por ciento de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado.”
En cuanto a las promociones y ascensos, el inciso final del Art. 186 Cn., estipula que serán regulados por la Ley; y el Art. 1 de la Ley Carrera Judicial, prescribe que tales ascensos y promociones deberán ser en base al mérito y a la aptitud.
3.1.5 Garantías en relación a los otros principios fundamentales
No existen disposiciones legales que consagren los principios específicamente referidos a los jueces, en cuanto a secreto profesional, inmunidad personal, ni el de libertad de expresión y asociación, aunque este último sí está reconocido a los jueces, en cuanto personas, por las disposiciones constitucionales y los tratados internacionales que los establecen para todos los seres humanos sin distinción alguna.
3.1.6 Incompatibilidades con el ejercicio de la judicatura
El Art. 188 Cn., dice: “La calidad de Magistrado o de Juez es incompatible con el ejercicio de la abogacía y del notariado, así como con la de funcionario de los otros Órganos del Estado, excepto la de docente y la de diplomático en misión transitoria.”
Aunque esta situación no está comprendida en los principios proclamados por Naciones Unidas, es obvio que lo dispuesto en el Art. 188 Cn., es también un postulado que tiende a garantizar la independencia de la Judicatura, máxime cuando, en virtud de las reformas constitucionales de 1991, la incompatibilidad fue extendida al ejercicio del notariado.
1 Dicho artículo dice:
ESTABILIDAD
Art. 4.- Los miembros de la Carrera gozan de estabilidad, por lo que no podrán ser removidos, suspendidos o trasladados, sino en los casos y mediante los procedimientos especialmente previstos por la ley.
La estabilidad de los Magistrados y Jueces comienza el día de la toma de posesión del respectivo cargo. En el caso de los servidores Judiciales, los primeros sesenta días a partir de la toma de posesión serán de prueba y, transcurrido dicho término sin que hubiere informe desfavorable del superior jerárquico inmediato, continuará en el cargo gozando del derecho a la estabilidad. (1)
El personal de Seguridad al Servicio del Órgano Judicial, se considerará de confianza y no gozará de estabilidad.

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