Contra Punto-A veinte años: la gran deuda – Noticias de El Salvador – ContraPunto – Noticias de El Salvador – ContraPunto

Posted on 2012/01/09

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Benjamín Cuéllar

SAN SALVADOR – Alrededor de este 16 de enero, entre las discusiones y los discursos de ocasión, se habla del “vigésimo aniversario de los acuerdos de paz”; eso limita las posibilidades de un análisis y un diagnóstico sobre la situación vigente; también influye negativamente en la búsqueda de salidas para enderezar el peligroso rumbo del país. Porque lo que ocurrió hace dos décadas fue el acto oficial en el cual se firmó el Acuerdo final de paz, mejor conocido como el de Chapultepec; con ese evento pomposo y deslumbrante culminó un recorrido iniciado el 4 de abril de 1990 en Ginebra, Suiza, que tuvo como principales protagonistas al entonces Gobierno salvadoreño administrado por el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y la entonces insurgencia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), con el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas. 

Evaluar lo ocurrido de Chapultepec a la fecha, a un poco más de la mitad del Gobierno de la llamada “alternancia”, es un ejercicio interesante pero poco productivo si se ignora  lo que se estableció en el Acuerdo de Ginebra: el proceso de pacificación nacional con sus cuatro componentes bien definidos, que eran el fin de la guerra mediante la negociación política, la democratización del país, el respeto irrestricto de los derechos humanos y la unificación de la sociedad.

Perder de vista este documento ha sido y seguirá siendo perjudicial, pues era la “carta de navegación”; el de Chapultepec eran los remos y la vela, el casco y el timón de la nave que debía llevar al país hasta la paz. El de Ginebra era la receta para que El Salvador se fortaleciera con una buena administración pública y la necesaria participación ciudadana; el de Chapultepec eran los ingredientes, la lista del mercado para preparar ese menú y servirlo en la mesa de una sociedad ansiosa por nutrirse de una convivencia armónica.

Pero no pasó eso. A estas alturas, se podrá hablar de un país distinto al que cerró un ciclo de su historia con el fin de la guerra; pero difícilmente puede afirmarse que en El Salvador la democracia brilla y la vigencia de los derechos humanos es la regla, no la excepción. Mucho menos que existan muestras palpables de una sociedad unificada en torno a un ideal común; por ejemplo, el de la seguridad ciudadana que debería preocuparla y ocuparla con todas sus energías y destrezas.

¿Por qué teniendo clara la partitura de la “Oda a la paz salvadoreña”, la melodía suena hoy tan desafinada? ¿Por qué en la actual situación, tras dos décadas de promesas y aspiraciones tan altas, la tranquilidad y el bienestar no son lo normal y generalizado? Alguna explicación habrá que buscar, principalmente en lo que toca a la conducción de un malogrado intento por transformar esa realidad. Los signatarios de los acuerdos, desde Ginebra hasta Chapultepec, tienen mucho que ver en esto y siguen sin asumir las responsabilidades que les corresponden para que el país esté como está.

Pero no hay que señalar solo esas culpas, propias de dos bandos metidos en la dinámica de sus ambiciones electorales de posguerra y en las componendas partidistas como parte de un sistema político nada confiable; dos bandos que ya dejaron atrás a quienes en un lado u otro entregaron vidas, ideales y bienes, en su mayor parte de buena fe y sin regateos. Además existen otras cuentas que deben ser al menos señaladas, si no saldadas en toda su dimensión.

Una de éstas le corresponde a los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, principalmente el universal. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), tiene mucho qué decir al respecto; lo mismo ocurre con las entidades del interamericano, aunque en menor medida. Las administraciones estadounidenses durante estas dos décadas tras el fin de la guerra salvadoreña, también deben dar la cara.

Para completar el elenco de esta puesta en escena, igual deben rendir cuentas quienes desde la sociedad –individual o colectivamente– no han sabido o no han podido fomentar el principal e indispensable protagonismo para su final feliz: el de las víctimas, al negarles las condiciones para ser parte importante de la transformación radical de la realidad nacional. Esas víctimas de un proceso degradado han estado ausentes durante estos veinte años en el tránsito hacia una paz que no llega, porque sus cimientos no existen al no haber verdad y justicia en todos sus niveles y dimensiones.

A veinte años del fin de la guerra y a casi veintidós del Acuerdo de Ginebra, ¿se debe revisar la situación del país? Sí, pero desde la óptica que nunca ha sido considerada en serio: la de las mayorías populares. Ello, para comenzar a propiciar su participación en el cambio real y poner freno la peligrosa ruta que se lleva. El IDHUCA intentó eso hace una década, asumiendo que la “valoración desde la perspectiva de esa[s] mayoría[s] a partir de los cambios en su calidad de vida −positivos o negativos− resulta ineludible para dimensionar el cabal cumplimiento de los compromisos establecidos en todos los acuerdos que firmaron el [G]obierno y las entonces fuerzas insurgentes […]”. Ver y analizar el país así, planteó entonces el IDHUCA, “desde las víctimas de la ‘locura’ −parafraseando a la Comisión de la Verdad− es superior a cualquier juicio que emitan hoy quienes hicieron la guerra […]”.

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