Co Latino-La independencia judicial y el perfil de magistra- dos/as de la Corte Suprema de Justicia (IV) | 06 de Enero de 2012 | DiarioCoLatino.com – Más de un Siglo de Credibilidad

Posted on 2012/01/07

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Por Jaime Martínez Ventura. Abogado
Director General de la ANSP

2.9 Obstáculos y limitaciones Indudablemente que aun existiendo principios con sagrados en la Constitución y en las leyes de un país, tendentes a garantizar la independencia judicial, en la práctica se presentan obstáculos, limitaciones y distorsiones de diversa naturaleza.  Incluso, el mismo ordenamiento jurídico puede tener limitaciones a la independencia judicial. Esto último ocurre cuando la Constitución y las leyes establecen un tipo de administración del poder judicial que impone gran cantidad de obligaciones y facultades administrativas y disciplinarias al órgano superior del poder judicial, como son los tribunales o cortes supremas o superiores de justicia.

Asimismo existen obstáculos políticos, como la intervención “legalizada” o de facto de los otros poderes del estado en las actividades propias del poder judicial o en la designación de sus integrantes – siendo esta una de las que podríamos denominar “limitación necesaria” a la independencia judicial, dado que es imposible que el poder judicial se nombre a sí mismo o que el nombramiento de los jueces surja del sufragio popular –,  la creación de tribunales de excepción o comisiones especiales encargadas de juzgar determinados hechos etc.

También hay factores económicos como la dependencia presupuestaria del poder judicial, las bajas remuneraciones a los jueces etc. Incluso hay valladares de tipo cultural como es el sometimiento de jueces y magistrados, es decir, la tendencia tradicional a sentirse subordinados, carentes de decisiones propias por temor a los jueces “superiores”.
Por otra parte, en los países latinoamericanos, como el nuestro, y en otros lugares del mundo que carecen de un Estado de Constitucional, Social y Democrático de Derecho fuerte y consolidado, existe un factor estructural que socava la independencia judicial y todo principio democrático, cual es la histórica impunidad de sectores políticos y económicos poderosos.

Hay autores que señalan también como posible afectación a la independencia judicial, la opinión de los medios de comunicación, es decir, el poder de la prensa como factor de presión e incluso de determinación hacia las decisiones de los jueces y magistrados, temática que ha sido abundantemente estudiada por la sociología, la filosofía del derecho y la criminología entre otras disciplinas.

Otra de las situaciones que socaba la independencia judicial  es el fenómeno de la delegación de funciones – es decir, cuando las funciones del juez en la práctica las cumple el secretario, el colaborador jurídico u otro funcionario –  y la rutina judicial que se hacía principalmente en el proceso penal inquisitivo y que se sigue haciendo en otras ramas judiciales e incluso en los procesos que competen a la Corte Suprema de Justicia. Al respecto se ha dicho “el eje central de las afectaciones a la independencia judicial pasa, en realidad, por la dependencia de los jueces respecto de la estructura burocrática en la cual están inmersos, la que, a su vez, produce una rutina de trabajo en la cual los casos individuales son tratados de modo genérico, como si se tratara de distintos expedientes de un mismo reclamo… La delegación de funciones ha distorsionado, a lo largo de los años, las funciones y relaciones entre las personas que integran los distintos organismos judiciales… delegación y práctica rutinarias son, pues, afectaciones de la independencia judicial con las cuales estamos acostumbrados a convivir… han generado una cierta cultura judicial capaz de condicionar, incluso, las propuestas de cambio y toda política judicial… la persona del juez permanente, respecto de la cual la Constitución Nacional ha previsto recaudos y garantías, es reemplazada en los hechos por un funcionario o empleado quien, en el mejor de los casos merece la confianza de ese juez   y… pertenece a la planta de personal permanente del tribunal. Así, el tribunal se convierte en una suerte de entidad supra personal que expresa criterios jurídicos, rechaza medios de prueba, modifica procedimientos y genera costumbres”.

La independencia judicial en consecuencia, puede estar proclamada por los principios antes expuestos y puede llegar a superar la mayoría de obstáculos políticos, económicos, culturales y estructurales que también expusimos; pero no habrá realmente independencia de los jueces en tanto persista el fenómeno de la burocracia judicial y la delegación de funciones; en tanto no se recupere y se consolide la persona del juez permanente, encargado exclusivamente de administrar justicia, en todos los tribunales, desde los más remotos juzgados de paz, hasta la Corte Suprema de Justicia.

2.10 Independencia judicial y administración del órgano judicial
He mencionado que la independencia judicial, puede verse obstaculizada o distorsionada por la forma o sistema en que se administre o gobierne el poder judicial; es decir, depende de cómo y de quiénes realizan las actividades administrativas que requiere la administración de justicia.

Dichas actividades administrativas pueden ser ejercidas por el poder ejecutivo o por el legislativo, o por ambos, y entonces estaríamos ante un sistema de gobierno judicial que, indudablemente atenta contra la independencia externa del poder judicial.

A esta forma de gobierno externo se anteponen los modelos de auto-gobierno judicial o gobierno propio de la magistratura, que consisten, en términos generales, en la creación de un órgano propio del poder judicial, independiente de cualquier otro poder, que realiza las funciones administrativas necesarias para la administración de justicia. Es así como surge la institución del Consejo de la Magistratura o Consejo de la Judicatura, integrado no sólo por jueces y magistrados, sino también por representantes de los diversos sectores de la sociedad, jurídicos, académicos, políticos, sociales, etc.

Esta institución nace con el propósito de conseguir varios objetivos. “En primer término evitar que la independencia judicial se vea comprometida porque la administración de los medios personales y materiales del Órgano Judicial dependan de otro órgano estatal. En segundo lugar, y este sería un propósito más reciente, se pretende desembarazar a magistrados y jueces de la labores administrativas que ahora les agobian y que les impiden desarrollar su función privativa, o sea la jurisdiccional y de paso conseguir el fortalecimiento del área administrativa, para mejorar la eficiencia de la función jurisdiccional”.

Otra forma de gobierno o administración judicial, es la que ejerce el máximo órgano del poder judicial, es decir la Corte Suprema. Al respecto la doctrina señala “El poder  judicial no es, en modo alguno un poder  estratificado jerárquicamente, la Corte Suprema de Justicia tiene, según el sistema de gobierno judicial de que se trate, un cierto poder administrativo general, de superintendencia o aun, a veces, un cierto poder  disciplinario. Pero tales poderes de superintendencia o de disciplina, en la medida que afecten la independencia judicial, que es una garantía constitucional, implicarán un ejercicio inconstitucional de esos poderes”. De ahí que la tendencia predominante en la actualidad, apunta a trasladar las funciones administrativas y disciplinarias a un organismo creado exclusivamente para tales cometidos, como lo es el Consejo de la Magistratura o de la Judicatura.

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