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Posted on 2012/01/03

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Guillermo Mejía

SAN SALVADOR – A las puertas del vigésimo aniversario de los históricos Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra interna el 16 de enero de 1992, es menester insistir en las carencias del proceso de consolidación democrática, la esclerótica clase política y la ausencia de la participación ciudadana en la construcción de su destino.

El proceso de paz, bajo la mediación de las Naciones Unidas, logró parar el conflicto fratricida con la rúbrica del documento entre representantes del gobierno del presidente Alfredo Cristiani y la comandancia general de la entonces guerrilla aglutinada en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln).

En síntesis, partes importantes del pacto sellado en Chapultepec, México, allanaron la incorporación política de los ex rebeldes de izquierda, pasos en dirección a la desmilitarización de la sociedad, la depuración del sistema judicial y sentar las bases de la democratización del sistema de injusticia estructural que propició el conflicto armado en décadas anteriores.

Con el correr del tiempo, aquella ilusión que se vivió con el silencio de las armas se fue apagando en cuanto muchos de los presupuestos quedaron en el camino. Si bien los ex rebeldes ahora participan de cuotas respetables de poder formal aún esa injusticia estructural se mantiene y socava las aspiraciones de libertad y justicia de la sociedad salvadoreña.

Algunas cuestiones al respecto sirven para dibujar el panorama:

-En primer lugar, la apertura política realmente no transformó en esencia la forma de participación popular en la administración de la cosa pública, resulta deficitario para la sociedad que solo esa apertura haya servido para la conversión de la ex guerrilla en partido político. Es decir, la extensión del sistema tradicional.

-En segundo lugar, la necesaria y urgente democratización de las estructuras sociales y económicas injustas que propiciaron la insurrección armada se ahogó en el camino por el sabotaje de los sectores del poder económico que dieron al traste con los esfuerzos de concertación que heredaron los Acuerdos de Paz. El foro fue un fracaso.

-En tercer lugar, en realidad no hubo una transformación de la clase política que, al contrario, con la anuencia de la izquierda partidaria ha consolidado una partidocracia que atenta contra el derecho a la participación como quedó reflejado, por ejemplo, en el vergonzante decreto 743 y la imposición de la bandera en la papeleta de votación cuando la ley ordenó que fuese solo la foto del candidato.

-En cuarto lugar, los intentos fallidos porque la sociedad salvadoreña tenga acceso a un sistema judicial transparente y democrático debido a múltiples factores. En la actual coyuntura, se pueden mencionar, entre otros, la preocupante contaminación de estructuras de la policía, la fiscalía, los juzgados, etc., por el crimen organizado y el narcotráfico. No digamos la clase política.

Como corolario, es notable la ausencia de la gente que realmente representa a los sectores populares en la construcción de su destino. El sistema, como es lógico, nunca se iba a preocupar por la organización de base y quienes eran los portadores históricos de su bandera fueron cayendo en el acomodamiento y el goce del poder de turno, aunque digan lo contrario.

No está de más decir que el espíritu de los Acuerdos de Paz debe ser rescatado, hay muchas partes de su presupuesto que servirían para sentar las bases de otra sociedad más humana, solidaria, transparente, justa, en fin, donde la persona realmente sea el centro y atención de la razón del Estado.

Desde la parte oficial asistiremos a otro evento espectacular más, cuando se cumpla el vigésimo aniversario, al igual que ocurre en cada conmemoración de hechos históricos. Recordemos que en el Bicentenario del Primer Grito de Independencia Centroamericana, el 5 de noviembre pasado, lo más sonado fue el desfile militar. ¿Y la memoria histórica?

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