En un lapso de cuatro años el gobierno municipal presidido por el alcalde Juan Samayoa ha sufrido el asesinato de dos de sus síndicos, la captura y condena de un regidor y ahora la detención de otro concejal. El mismo alcalde, a quien informes de inteligencia del gobierno señalan como parte del Cártel de Texis, sufrió un atentado en 2009. Los cinco casos tienen un denominador común: involucran la palabra narcotráfico.

Efren Lemus y Sergio Arauz

elfaro.net / Publicado el 27 de Enero de 2012

El empresario Jesús Sanabria Zamora, de 43 años, fue capturado la mañana de este jueves acusado de pertenecer a un grupo que se dedica a la venta de cocaína en la zona noroccidental del país. Sanabria es dueño de una empresa turística desde hace 14 años y hace tres fue elegido regidor de la alcaldía de Metapán, un municipio que en los últimos seis años ha visto cómo cinco de los integrantes del concejo han resultado involucrados por las autoridades en historias de narcotráfico.

Sanabria fue detenido como parte del mismo operativo que llevó a capturar el lunes a otras siete personas, entre ellas un sargento de la Policía que conducía el pick up en que eran transportados cinco kilogramos de cocaína, según la Policía Nacional Civil y la Fiscalía.

A la luz de una serie de investigaciones sobre narcotráfico y lavado de dinero hechas tanto por autoridades salvadoreñas como por la agencia estadounidense de lucha contra el narcotráfico (DEA) y la Fiscalía, la municipalidad de Metapán y varios empresarios de la zona forman parte de una estructura dedicada al tráfico de cocaína, según reveló en mayo de 2011 El Faro en un reportaje titulado El Cártel de Texis.

La organización involucra no solo a políticos y funcionarios municipales y legislativos, sino también a oficiales de la PNC y hasta a algún juez.

Durante las dos administraciones del alcalde Juan Samayoa, dos síndicos del concejo han sido asesinados, un concejal fue condenado por trasiego de cocaína y ahora Sanabria, propietario del balneario Apuzunga, está detenido. Además, el mismo alcalde Samayoa sufrió hace un tiempo un atentado en un punto ciego de la frontera con Guatemala en el que falleció uno de sus guardaespaldas. Todos estos incidentes aparecen relacionados en las pesquisas de las autoridades con tráfico de drogas ilícitas.

Hasta ahora, ni la Policía ni la Fiscalía se han atrevido a relacionar públicamente las capturas del lunes y de este jueves con el Cártel de Texis, aunque hace ocho meses el fiscal general reveló que había abierto un expediente para investigar esa estructura delictiva.

El fiscal del caso dijo este jueves que los agentes encubiertos han sido clave para llegar hasta el concejal Sanabria. "A él se le ha vinculado con base a seguimientos. Contactos con las personas que desarrollaban la investigación (…) Recordemos que esta es una investigación de drogas, hay vigilancias, principalmente los contactos, cuando él se reune con los (agentes) encubiertos y hacen diferentes comunicaciones", explicó el jefe en funciones de la unidad antinarcotráfico de la Fiscalía, Alexis Ayala.

La División Antinarcóticos (DAN) de la PNC utiliza la técnica de los agentes encubiertos para penetrar estructuras delictivas, realizar compras controladas de droga y hasta participar en actividades ilícitas para ganar la confianza de los delincuentes. En 2006, agentes de la DAN intentaron infiltrarse en actividades de lavado de dinero del Cártel de Texis, pero no lo consiguieron. Fue hasta octubre del año pasado, cuando una llamada anónima fue la primera pista para que dos agentes encubiertos lograron descifrar una operación de droga el lunes pasado en el restaurante Los Arcos, en Texistepeque, y ya habían perfilado a Sanabria como pieza importante de la transacción: "Según lo que se conoce, él tenía contactos fuera del país y era de donde provenía la droga que él ofrecía a las personas que estuvieran interesadas. Ofrecía droga de buena calidad, proveniente de Suramérica (…) dentro de la estructura, él es el que dominaba la mercadería, la droga", dijo Ayala.

La Fiscalía giró la orden de captura administrativa el martes 24 de enero, un día después del decomiso de los cinco kilogramos de cocaína en el parqueo del restaurante Los Arcos, ubicado en el kilómetro 85 de la carretera que comunica la frontera Anguiatú con Santa Ana. El dueño de la empresa Puzunga, S.A. de C.V., la que regenta el parque acuático Apuzunga, fue capturado hasta las 11 de la mañana de este jueves, en el centro de Metapán y, bajo un fuerte dispositivo de seguridad fue remitido al Juzgado Especializado contra el Crimen Organizado de Santa Ana por la tarde, dijo un investigador de la DAN. Al igual que otras siete personas capturadas el lunes, el regidor metapaneco será procesado por tráfico ilícito y asociaciones delictivas.

De manera implícita, el fiscal Ayala advierte que hay otras personas que trabajan con Sanabria en el trasiego de drogas: "Solo le puedo dar detalles con los que ya están detenidos, con el resto la investigación continuará y en su momento se hará público lo que corresponde". El fiscal evita referirse a los informes de inteligencia del Estado que, desde hace más de una década, advierten el funcionamiento del Cártel de Texis, en una franja conocida como El Caminito, corredor de la droga que atraviesa Chalatenango y Santa Ana: "Hay personas que pueden aparecer mencionadas en una o más investigaciones, pero dependiendo de cómo avancen cada caso en concreto es como las personas van saliendo vinculadas. Esos informes o publicaciones siguen siendo una noticias críminis para desencadenar investigaciones (…) Tengo un caso concreto enfocado en investigar una estructura de narcotraficantes, desconozco cuál es el nombre de ellos, cómo se hacen llamar. Lo que sí puedo decir  es que logramos la captura de estas personas e investigamos diferentes agrupaciones relacionadas a casos concretos no a nombres o denominaciones".

Su empresa y sus amigos

El parque acuático Apuzunga está ubicado en Metapán. Tiene cinco piscinas de agua natural, canchas de fútbol y baloncesto, restaurante y se ofrece al público como un lugar especializado en rafting y canopy. Ese negocio inició operaciones el 23 de julio de 1998 con la fundación de la empresa Puzunga, S.A. de C.V., que según sus registros de inscripción se dedicaría a los servicios de recreación, a la venta de comida y a la comercialización de ganado y cereales, principalmente.
La sociedad fue constituida por Jesús Sanabria Zamora y su hermano. Durante casi una década, el ahora capturado se desempeñó como el administrador único. Eso cambió hasta el 23 de febrero de 2009, cuando según el acta uno de la Junta General de Accionistas, Jesús Sanabria Zamora pasó a ser el administrador suplente y su hermano el propietario. El Faro llamó a la empresa para conocer la reacción ante la captura, pero nadie atendió la llamada. Sin embargo, en su sitio de Facebook, la empresa anunció: "Pronto uno de los socios de Apuzunga estará dando mas informacion al respecto de la noticia que actualmente está circulando en todos los medios, esto con el objetivo de evitar cualquier tipo de malentendido, manipulacion malintencionada de informacion (…) La situación no es más que un proceso de investigación".
La Fiscalía dijo que pedirá al juez investigar las finanzas de esa empresa y de todas las personas capturadas. Fuentes policiales dijeron, por ejemplo, que Carlos Alfonso Valencia Amaya, quien resultó lesionado luego de enfrentarse a tiros con policías el lunes y que tiene antededentes por homicidio y tenencia, portación o conducción ilegal de armas de guerra, es un prestamista de la zona. "Dentro de las líneas de investigación existe la parte financiera que se va a avanzar en lo que se desarrolla el proceso judicial", dijo Ayala.
Valencia Amaya, el sargento de la Policía Amaldis Alcindo Ramírez Vargas y otras cinco personas eran quienes brindaban seguridad, transporte y "limpieza" de la zona donde operaba Sanabria Zamora. La Fiscalía dijo que desconocía que el empresario era regidor de Metapán y también evitó relacionarlo con Amadeo Figueroa Morales, concejal metapaneco capturado en 2009, condenado a 12 años de prisión y, junto al alcalde Juan Umaña Samayoa, señalado como miembro del Cártel de Texis en informes de ingeligencia policial y de otras instituciones. "Tenemos casos, en esta oportunidad tengo un caso concreto enfocado en investigar una estructura de narcotraficantes, una agrupación ilícita, desconozco cuál es el nombre de ellos", insistió Ayala.
Los muertos
El primer concejal del alcalde de Metapán relacionado en investigaciones sobre narcotráfico murió asesinado. Bertín Valle Marín, síndico de la alcaldía murió de un disparo en la cabeza el 1 de diciembre de 2007. La información publicada en los periódicos, basada en lo que dijeron los policías del lugar, resume su asesinato así: dos hombres borrachos se agarraron a tiros en medio de un jaripeo de un cantón sin nombre de Metapán, y Bertín recibió una bala que no iba para él. Pero un informe de autoridades del Ministerio de Seguridad agrega algo que no apareció publicado en las noticias de esos días: que los investigadores seguían la pista a la hipótesis de que el homicidio había sido producto de rencillas entre narcotraficantes. Ocho meses después, murió el segundo miembro de este concejo que ganó la alcaldía con la bandera del PCN.
El 4 de agosto de 2008, el síndico que ocupó el puesto dejado por Bertín, Israel Peraza Díaz, fue secuestrado a plena luz del día y en su propio carro, luego fue llevado a un predio de un caserío de Metapán, donde le dispararon 13 veces. Dos muertos a plomo en menos de un año. Dos síndicos. Casi dos meses antes del secuestro y asesinato del síndico pecenista, el alcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa, fue atacado a balazos en una zona muy peligrosa de su municipio. Iba con tres de sus guardaespaldas en una calle oscura del cantón San Jerónimo. El tiroteo fue de tres contra dos. De tres guardaespaldas que se enfrentaron a dos atacantes, resultó muerto uno de los hombres del alcalde. Este transitaba en un camino conocido como “punto ciego”, en San Jerónimo, uno de los lugares clave en el tránsito de droga cuyo control, según las autoridades, es del Cártel de Texis.
La muerte del los dos síndicos y el atentado contra el alcalde no afectaron la campaña electoral en 2009, que en 2006 había destronado al partido Arena en el gobierno municipal. Juan Umaña volvió a ganar las elección y el 11 de marzo intentará ganar un tercer período. Casi dos meses después de haber ganado el segundo mandato pero dos meses antes de asumir, uno de sus hombres elegidos para el concejo 2009-2012 fue capturado.
El 25 de marzo de 2009, la División Antinarcóticos de la PNC arrestó a Amadeo Figueroa Morales, quien había sido elegido el 18 de enero de 2009 para integrar el concejo municipal de Metapán. El operativo de captura fue realizado en la colonia Jardines de Metapán. Junto al concejal también fue arrestada su esposa, Sonia Haydeé Mira de Figueroa.
Según los documentos de investigación de la autoriades de Seguridad, ella es parte del núcleo cercano al alcalde de Metapán. Su hermana está casada con el hijo del alcalde, Wilfredo Guerra. En la casa de Amadeo y Sonia les decomisaron 2.42 kilogramos de cocaína, valorados por la Policía en 71,000 dólares. A Figueroa lo acusaron de tener tres años de dedicarse al comercio de drogas, y fue condenado a 12 años de prisión el 28 de octubre de 2009.
Ahora que está capturado Sanabria, la Fiscalía no ha establecido paralelismo entre los casos: "Nosotros tenemos aquí personas procesadas, sobre cargos políticos todavía no hemos indagado. Vamos a librar oficios a las instituciones a ver si nos dicen si son concejales o han participado en algún momento en cargo público. Lo que tenemos por el momento son las pruebas concretas que los vinculan al delito que se les atribuye", dijo Ayala.

El último alcalde de Metapán, al que quitó la silla Samayoa, murió asesinado en Santa Ana. Se llamaba Gumercindo Landaverde, alcalde por Arena durante dos períodos consecutivos, político que ya era investigado por la Fiscalía por enriquecimiento ilícito en 2005. La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia detectó que en un año este alcalde incrementó en 500,000 dólares su patrimonio, y esto fue punta de lanza para que la Fiscalía abriera un expediente.

Los presuntos integrantes del Cártel de Texis siempre han negado cualquier participación en actividades ilícitas.

El fiscal del caso, Alexis Ayala, da declaraciones a la prensa.

Otro concejal de Metapán vinculado por autoridades al tráfico de drogas – ElFaro.net

José Luis Sanz y Carlos Martínez

Publicado el 26 de Enero de 2012

El general retirado David Munguía Payés cree que el sistema de justicia de El Salvador es como un molinillo de carne defectuoso incapaz de procesar las detenciones que a diario hacen la Policía y el ejército. Según él, los niveles de homicidios en el país son fruto de un sistema legal sumamente garantista. Por eso propone alinear leyes y a todas las instituciones alrededor de una idea: sacar a los pandilleros de las calles.

Una unidad policial antipandillas, estados de excepción focalizados que prohíban a los menores de edad caminar de noche por las calles y que autoricen a la Policía la entrada a un domicilio sin orden judicial, además de fiscales especiales y jueces especiales. Estos elementos del plan anticriminal del ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador se basan en un dato: asegura que más del 90% de los homicidios en el país los cometen pandilleros. Y necesita que todos estemos de acuerdo con esa cifra, que la Policía nunca ha hecho oficial y que él dice basar en informes de inteligencia.

David Munguía Payés asegura que en El Salvador las pandillas han puesto su bota en la cabeza de todas las demás expresiones criminales del país, incluyendo grupos como Los Perrones o El Cártel de Texis; y defiende que si desaparecieran de súbito todos los pandilleros el país tendría tasas de homicidio inferiores a las de Nicaragua. Por eso insiste cuantas veces puede en que es prioritario que creamos en ese 90%, nos reunamos alrededor de sus planes y apoyemos su liderazgo. Solo así será posible solucionar los problemas.

El que hasta hace dos meses era ministro de Defensa y ahora encabeza un gabinete de Seguridad con mayoría de militares y que el presidente Funes le ha hecho a medida, asegura que solo si logra la unidad nacional alrededor de su diagnóstico y su proyecto podrá cumplir su promesa de reducir en un 30% los crímenes para finales de 2012. Fue la falta de consensos políticos, dice, la que hizo fracasar el plan mano dura lanzado en 2003 por Francisco Flores y adoptado después por Antonio Saca.

Desde que usted llegó al Ministerio ha habido cambios en el OIE, en Migración, en la Policía… ¿Qué fallaba en el anterior gabinete de Seguridad?
El presidente de la República me ha encomendado dos tareas: disminuir los índices delincuenciales y buscar la unidad del país alrededor de la estrategia de seguridad. Por eso me he comprometído a no ver hacia atrás ni hacia el costado. No voy a criticar lo que se hizo o lo que se dejó de hacer, porque eso no me va a ayudar a buscar los consensos que necesito para que mis propuestas de cambio en el enfoque del combate a la delincuencia sean aceptadas por todos.

Pero la comparación es necesaria para comprender y poder dimensionar su proyecto.
Eso se los dejo a ustedes. Yo de lo que voy a hablar es de mi proyecto, que será un poco diferente a cómo se han venido manejando las cosas. Seguimos pensando en que el abordaje a la delincuencia tiene que ser integral y vamos a seguir apostando por las medidas de prevención, que han llegado tarde pero que nos van a garantizar la corrección de las acciones estructurales que están generando la violencia en el país, y que van a tardar bastante tiempo en surtir efecto. Pero las únicas medidas que te pueden dar efecto a corto plazo son las medidas que vayan orientadas a romper la estructura criminal. O sea, a sacar de circulación a los que están asesinando y ponerlos donde deben estar: en las cárceles.

Pero el gabinete anterior, del que usted formaba parte, decía que eso ya se estaba haciendo: había una ley antipandillas, más presencia policial en las calles, un aumento del número de militares destinados a tareas de patrullaje…
Sí, pero algo no estaba funcionando bien, aun con todas las buenas intenciones.

¿Qué faltaba?
No quiero criticar lo que se hizo o se dejó de hacer. Cuando la gente entienda mi proyecto, verá cuál es la diferencia. Yo te puedo decir lo que yo creo que está pasando. Esto viene desde la finalización del conflicto armado en el país. Todos pensábamos que íbamos a entrar a una sociedad sin violencia, y elaboramos nuestros códigos con una visión garantista, pensando solo en proteger a quienes durante la guerra fueron perseguidos por las arbitrariedades del Estado. Nuestro sistema de leyes, sumamente garantista, sería ideal para una sociedad que tuviera un comportamiento normal, pero no puede procesar toda la cantidad de crímenes que se están cometiendo, porque el problema no es solo de capturar a la gente y meterla presa, sino que tienen que pasar por un proceso, y ese proceso se convierte en una especie de molinito de carne, delgadito, donde cada vez se va acumulando más carne, que son las capturas que hace la Policía a diario. En los últimos años la PNC detiene a diario a unas 160 personas, más otras 60 a las que detiene la Fuerza Armada. Estamos hablando de un promedio de 200 o 220 capturas diarias que el sistema no logra procesar.

¿Está diciendo que el problema es el sistema judicial?
No, hablo de todo el sistema que procesa la justicia en el país: la Policía, la Fiscalía… Y estoy hablando de los jueces y estoy hablando de las leyes, porque al final, cuando tenés una producción de delincuencia que supera las capacidades del Estado para procesarla, el sistema se satura y acumulas una mora judicial y fiscal que genera impunidad. Y cuando judicializar un caso depende de dos pilares fundamentales, la denuncia y el testigo, y la delincuencia aterroriza e impide que la gente denuncie porque la mata, o impide que sirva de testigo porque también la mata, entonces estás frente a un problema sistémico. Nuestra propuesta es precisamente corregir ese sistema, abrir esos cuellos de botella, de manera que el sistema pueda procesar esta gran cantidad de delincuencia que tenemos, para poder poner a los delincuentes donde deben estar y sacarlos de la calle.

Es decir, más condenas.
Hablo de que el sistema funcione. De que la Policía tenga la capacidad de controlar, la Fiscalía de procesar y sostener los casos, y el sistema judicial que haga justicia y mande a los delincuentes a la cárcel.

Que todo mundo haga bien su trabajo para que haya más condenas.
Para que haya justicia.

Sigue sin quedarnos claro algo: si el problema son los cuellos de botella jurídicos, el sistema demasiado garantista, parece irrelevante quién es el director de la PNC, por ejemplo. Cuando el presidente ha anunciado cambios en el gabinete de Seguridad ha sido muy enfático en decir que lo hacía basado en un análisis de eficiencia, pero con lo que dice usted, ¿qué tan eficiente se podía ser con el sistema actual?
Como te decía, el presidente me dio dos tareas: bajar los índices delincuenciales y buscar la unidad del país. ¿Para qué la unidad nacional? La gente, los grupos de poder, los políticos, los empresarios, las iglesias, las universidades, deben de entender cuál es la amenaza que tenemos ahorita. Debemos de saber quién está asesinando en el país. Y una vez haya conciencia de eso, viene la propuesta, porque necesitamos un consenso nacional para hacer los cambios necesarios. Por eso a cargo de las unidades tenés que tener líderes que identifiquen el problema pero que sean también capaces de convencer a la sociedad de cuál es la forma en que tú debés abordar estos problemas, porque si no lo hacés el proyecto va a fracasar por falta de consensos. Recuerda 2003 y 2004, cuando el presidente Flores vino con el plan mano dura: los jueces no lo apoyaron, dijeron que este plan era inconstitucional, y entonces viene el plan y se cae. Con esa experiencia, nosotros primero vamos a concienciar y sensibilizar a la gente de cuál es el problema que tenemos y una vez eso está bien entendido venimos y le decimos: “Estas son las soluciones, y necesitamos acompañaras todas”. Así sabés que los cambios no solo te los van a aprobar por estar enmarcados en el estado de derecho sino que además van a estar acompañados por toda la sociedad.

¿Cree que el plan mano dura fracasó por falta de unidad nacional?
El plan mano dura tuvo varios problemas. Uno fue que no se alcanzaron los consensos políticos. No se pudo justificar el plan, no lo apoyaron los jueces, los partidos de oposición… el plan se cayó y la pandilla evolucionó.

¿Era el mano dura un buen plan?
No quiero caer en la trampa de que luego vayan a decir: “¿A la delincuencia hay que tratarla con mano dura o con mano blanda?” No quiero caer en eso. El problema hay que solucionarlo con inteligencia. Apretar donde hay que apretar y soltar donde hay que soltar.

Más allá de los términos, ¿cree que era un buen plan?
Yo el plan mano dura no lo he estudiado a profundidad, pero señalo el hecho de que aunque no lo hubieran llamado mano dura de todos modos hubiera fracasado porque no tenía los consensos. Una cosa buena que no tiene el consenso político tiende a fracasar.

Y el diagnóstico alrededor del cual propone usted crear un consenso es que la pandilla comete el 90% de homicidios en este país.
Así es.

No parece fácil si pensamos que usted dio esa cifra siendo ministro de la Defensa y sus cifras contradecían a las de la Policía, que decían que las pandillas cometían aproximadamente el 20% de los homicidios. Incluso, siendo ya usted ministro de Seguridad, la Policía ha vuelto a repetir que según ellos la cifra anda alrededor del 20% y el instituto de Medicina Legal (IML) habla de alrededor del 10. ¿Cómo conseguir consenso social alrededor de esa cifra si ni el Ejecutivo lo logra?
Medicina Legal no tiene la capacidad de determinar el origen de las muertes. Y la Policía, como es una institución seria, no puede dar información si antes no la comprueba. Sería irresponsable. El comisionado (Howard) Cotto dijo que aquí el 25% de los crimenes está comprobado que lo cometen las pandillas… pero acepta que en la medida en que se vayan dando las investigaciones esa cifra puede llegar al 70 o al 80. Hoy me reuní con la comisión coordinadora del sector justicia, que reúne al presidente de la Corte Suprema, al fiscal general, al presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, la procuradora general y el ministro de Justicia, y les llevé una exposición de la amenaza en la que participaron las cuatro inteligencias del país: la del OIE, la de la Policía, la de la Fuerza Armada y la de Centros Penales. Ahí se explicaba que el 90% o más de los homicidios los están cometiendo la pandilla. Invitamos también a esa reunión a tres jefes de delegación de tres departamentos incluidos entre los cinco donde se cometen el 74% de los homicidios del país –Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, San Salvador y San Miguel- y les dijimos que expusieran la situación de su zona. El de Santa Ana dijo que el 80% de los homicidios en Santa Ana está comprobado que lo cometieron las pandillas y que hay un 20% que no se sabe todavía, así que y eso puede ir subiendo. Sonsonate dijo que tiene comprobado el 85% y que en la medida que las investigaciones avancen puede subir la cifra. Lo mismo dijo San Miguel. Eso son realidades.

Usted dice que la Policía siempre creyó en ese 90%, pero que oficialmente tenía que decir otra cosa.
Yo te reto en este momento a que abramos las páginas de los periódicos y me digás ahí dónde aparece un asesinato cometido por una persona que no pertenezca a las pandillas, o al narcotráfico que está combinado con las pandillas.

Ese no es un criterio técnico.
Obviamente, pero tú tenés que cruzar varias informaciones…

¿Y cuáles son las informaciones a partir de las que la inteligencia de la Fuerza Armada desde un principio concluyó…?
¿Cómo lo habíamos hecho nosotros y cómo después lo hemos comparado con lo que tiene la Policía? Se hacen investigacioens preliminares. Hay casos que son obvios, como cuando encontrás a un tipo muerto y tiene tatuajes. Uno dice: “Este seguramente es un pandillero”. ¿Sí o no?

…
¡Es un pandillero! Otra es si la gente te dice: “A ese lo mató la pandilla”. Y si la Fiscalía inicia sus investigaciones y comprueba una relación con la pandilla… Si este joven o esta persona muerta oscila entre los 14 y los 35 años hay grandes posibilidades de que sea un miembro de la pandilla. O si este joven fue asesinado en una zona de influencia de la pandilla… Cuando cruzas una serie de elementos ese es el resultado que te da.

¿Entonces si encuentran el cadaver de un muchacho de 19 años en Valle Verde y este muchacho tiene tatuajes, este muchacho entra automáticamente a la suma del 90%?
Tenés que cruzarlos con otros elementos. Tenés que ver qué te dice la gente, o hablás con los padres y ellos te dicen que a él lo mataron los pandilleros, pero que no pueden dar declaraciones para oficilizar eso porque los van a matar. Hay toda una forma de análisis que tenemos nosotros y que tiene la Policía.

¿El anterior ministro de Seguridad también trabajaba entonces bajo la lógica de que el 90% de homicidios eran cometidos por pandilleros?
Eso no lo puedo asegurar. Pero te puedo decir que si ahora llegás al gabinete de Seguridad y preguntás, si hablás con cualquier gente de inteligencia, de la Policía, de la Fuerza Armada, del OIE o de Centros Penales, te van a decir lo que yo te estoy diciendo.

¿La Policía tenía indicios hace tres meses para creer que el 90% de los homicidios los cometían las pandillas?
No estoy seguro de eso.

¿Acaso eso no se trataba en el gabinete de Seguridad cuando usted era ministro de Defensa?
Algunas cosas sí. Al menos en el último gabinete de Seguridad antes de que yo llegara a este cargo, ya el gabinete había concluido eso. Unos decían el 90%, otros el 80%…

Hay otro tipo de homicidios, pasionales, por robo, el que está ebrio y armado y mata a alguien… ¿Dice usted que ese tipo de homicidios son en El Salvador solo un 10%?
¡O menos! Hablando con un comisionado me decía: “Mire, general, si hoy día, por algún motivo se acabaran las pandillas aquí tendríamos índices delincuenciales iguales o menores que los de Nicaragua". ¿Quién mata en Guatemala o en Honduras? Pandillas y brazos armados del narcotráfico. Aquí no tenemos brazos armados del narcotráfico. En este país quien está matando son las pandillas. ¿Cuántos casos conoces de un vecino que por disputarse un estacionamiento mató a otro? Pero el fin de semana antepasado sí te puedo decir que mataron a tres mujeres y capturamos a siete pandilleros por eso y al siguiente día hubo otro doble homicidio y volvimos a capturar a otros pandilleros. ¿Entiendes?

Vamos, ahora resulta que la sociedad salvadoreña es la sociedad más pacífica de Centroamérica.
Jajajaja. Tampoco es así. Lo que sucede es que la pandilla, cuando controla un territorio, monopoliza el crimen que ahí se realiza. Se vuelven dueños del territorio y ahí nadie mata ni extorsiona, ahí nadie vende drogas si no es con la autorización de la pandilla. Tenemos casos documentados en los que la pandilla ha permitido a ciertos delincuentes operar en sus zonas, pero en general las pandillas se están disputando el territorio para vender la droga y delinquir. Hay una guerra abierta entre la pandilla 18 y la pandilla MS-13, que se matan y se juran venganza en una cadena de violencia casi interminable.

Según usted las pandillas también disputan el terreno a bandas como Los Perrones o al Cártel de Texis.
Sí, el que quiere ingresar a las zonas que la pandilla controla tiene que tomar contacto con ella. Es similar a lo que les sucede a los coyotes que están involucrados en el tráfico de personas hacia Estados Unidos, que al pasar por México tienen que ir pagando peaje de las zonas bajo control de los diferentes cárteles de la droga.

En Guatemala, en ciertas zonas, los cárteles han expulsado o sometido a las pandillas. ¿Aquí es al revés?
En El Salvador la pandilla ha monopolizado el crimen en las zonas que controla. El que entra ahí para delinquir tiene que reportarse con la pandilla. Si no, lo asesinan.

Desde hace al menos 10 años, con matices, a la gente ya se le ha dicho que las pandillas son el principal problema de seguridad del país, que eran la prioridad en el combate al crimen, y en algunas etapas ha habido acciones de presencia en las calles con los grupos de tarea conjunta, con agentes en el transporte público o en las escuelas, o en el campo, con la policía rural. ¿Cuál es la diferencia ahora?
Por ejemplo, hablemos del Distrito Italia, un icono para las pandillas. Nosotros llegamos al Distrito Italia, hacemos presencia, pero los pandilleros entran y salen porque no los podemos capturar, porque no hay un caso concreto en contra de ellos. Con nuestra presencia logramos que no se cometan crímenes en el Distrito Italia, pero nos hablan de El Tamarindo diciendo que allí andan los del Distrito Italia cometiendo extorsiones. La presencia es importante, pero más que la presencia es importante romper estructuras criminales, la fórmula es llegar y controlar la zona…

Presencia permanente…
Eso es parte del control. Llegás, controlás la zona, rompés la estructura criminal, generás confianza en la población, si es posible -sería ideal- organizás a la población como están organizadas algunas poblaciones en el norte de Chalatenango donde no hay presencia de pandillas, y dejás una menor presencia de autoridades ahí y llevás los planes de prevención social del Estado.

Eso se parece mucho a los planes de pacificación que se están tratando de aplicar en las favelas de Río de Janeiro.
Es que esa es la fórmula.

¿Es ese el modelo que va a seguir?
Un modelo similar. En El Salvador tres departamentos -Chalatenango, Cabañas y Morazán- tienen los menores índices de homicidios. En esos tres lugares coinciden varios factores: son menos poblados y hay menos presencia de pandillas, y son de los más pobres del país… pero sobre todo la población está más organizada. Cuando llega un extraño, lo identifican y lo sacan.

Para tomar control del territorio usted necesita instrumentos. ¿Le gusta cómo funciona la actual Policía?
Bueno… La Policía está bien… pero necesita algunos ajustes.

¿De estructura, de actitud…?
Ambas cosas. Necesitamos trabajar en la moral de la Policía.

¿En qué sentido?
Yo he hablado con algunos agentes y ellos se quejan de que tenemos leyes inadecuadas, de que las organizaciones de derechos humanos se han convertido en una espada de Damocles y la Inspectoría los tiene bien apretados. Así que algunos agentes me decían: “Mire, general, la verdad es que uno no quiere meterse en problemas. Cuando tenemos un enfrentamiento o hacemos un procedimiento y sale muerto o herido un pandillero, o un delincuente, a nosotros nos cesan. Somos recluidos”. Así que piensan que lo mejor es no participar en procedimientos, esperar que el día pase.

Dice que el problema de la Policía es también un problema de leyes.
Digo que así perciben algunos de ellos el sistema. Y yo lo que les he dicho es: “Nosotros les vamos a respaldar si ustedes, en el cumplimiento de su misión, hieren o lastiman a alguien, ¡porque eso es normal!, y nosotros los vamos a proteger”. Obviamente eso no quiere decir que vaya a haber abusos o se irrespeten los derechos humanos. Hay que trazar bien las fronteras. Pero trabajaremos para que las leyes den a los policías las facultades y los instrumentos que necesitan para ser efectivos. Y que ellos tengan la iniciativa de participar en los operativos, porque esa es su misión. Y si hay algún incidente, van a estar protegidos por la ley para que la Policía sea más efectiva y no tema participar en procedimientos.

El primer paso para eso ha sido cambiar al director de la Policía.
Hay varias cosas que hacer: modificaciones en las leyes, leyes específicas para problemas graves que son difíciles de abordar con los procedimientos normales, hay que fomentar un espíritu de cuerpo y mayor moral en algunos cuadros…

¿Disciplina?
Ya me vas a hablar de la militarización, jajaja. ¡Cómo es la gente! Hablas de disciplina, de orden y de espíritu de cuerpo y piensan que eso es militarizar. Cualquier empresa hace eso, ¿no?

¿Planea sustituir también a los actuales subdirectores de la PNC?
Tenemos que hacer una evaluacion. La hará el director de la Policía. Yo le doy mis políticas, mis estrategias, pero los cambios en el interior de la Policía es él quien los va a hacer.

Lo preguntamos porque una de las primeras medidas que usted anunció al llegar a este cargo es la creación del GIAP, el Grupo de Intervención Antipandillas, pero cuando lo anunció nadie en la actual cúpula policial sabía qué era el GIAP, bajo qué subdirección iba a trabajar… Es evidente que usted no les consultó ni comunicó nada de lo que quería hacer…
Aquello era una decisión estratégica del ministro. Ustedes no tienen por qué compartir mi lógica, pero pienso que si la pandilla es el principal generador de violencia debemos tener una unidad especializada en combatir ese flagelo. Y hasta ahora no la teníamos. Hay decisiones, a este nivel, que consultás, y otras que no consultás. O que planeás consultar en cierta etapa.

Por eso la cúpula de la Policía no sabía nada del asunto.
Hay decisiones que no se pueden consultar con todo el mundo.

¿Ni con el entonces director de la Policía?
El director de la Policía tuvo conocimiento. Incluso, él me destacó a la gente para trabajar en ese proyecto.

¿Él le sugirió a “Carabinero” (comisinado Douglas Omar García Funes) para estar al frente del GIAP?
No. Ese lo escogí yo. Cuando vine al Ministerio había algunos elementos a los que el ministro anterior tenía en calidad de asesores, y yo pensé que era lógico contar con ellos. “Carabinero” estaba acá. Y acuérdate de que él estuvo mucho tiempo en el CAT y conocía el tema de las pandillas. ¿Por qué no utilizarlo?

¿El hecho de que usted no buscara para eso la complicidad de la cúpula policial no sugiere…?
¿Vas a decir que hay un conflicto entre la cúpula de la Policía y el ministro?

No, pero no parece descabellado interpretar que si no consultó a la cúpula policial una decisión como esa es porque no confiaba en ellos. De hecho, dos meses después tenemos un nuevo director.
Las decisiones estratégicas normalmente vienen de arriba. Yo puedo involucrar a quienes estimo que pueden hacer mejor el trabajo. Por eso comuniqué al director el nombramiento de “Carabinero” y le pedí que destacara a alguna gente para desarrollar mi concepto. Pensaba discutirlo cuando estuviera desarrollado, ya con un anteproyecto.

¿Por qué al presidente Funes no le gustó “Carabinero” para el cargo?
¿Quién dice que no le gustó?

Bueno… el presidente desautorizó en público ese nombramiento. No parece que le encantara.
El presidente tendrá sus razones. Hay que preguntarle a él.

¿No se lo ha preguntado usted? ¿No lo han hablado?
… Es que también algunos jefes policiales, en algún momento, habían hecho acusaciones en contra de “Carabinero” y había expedientes abiertos en su contra. Algunas de esas cosas yo no las tenía totalmente claras cuando hice el nombramiento. Pero el presidente Funes es el comandante, yo discuto con el presidente los temas pero cuando él toma una decisión, yo la respaldo. Y soy el primero en cuplirla.

Explíquenos, ¿qué es el GIAP?
Mirá, esta idea viene de que las pandillas son nuestro principal problema, de que teníamos un CAT, que es un gran cerebro, una cabezota que observa el movimiento de las pandillas en toda el área, tiene identificados a los grandes cabecillas, el lavado de dinero, el movimiento de la droga… pero no tenía una unidad ejecutiva. Nosotros queremos poner cuerpo, piernas y brazos al CAT. Por eso pensamos en esta unidad que debe tener un componente fiscal, un componente de adiestramiento, y músculo. Así que nos dimos cuenta de que se iban a graduar 318 elementos de la última promoción de la Academia y lo que hicimos fue concentrarlos y crear la unidad, que ya se está adiestrando.

¿Cómo va a actuar esa unidad? ¿Cómo sería una operación del GIAP?
Va a ser una unidad especializada en la lucha antipandillas.

Sí, pero… ¿en qué se diferenciará del resto de la Policía?
Un policía común y corriente tiene un conocimiento general, no especializado. Nosotros queremos que los miembros de esta unidad conozcan bien las pandillas, su organización, su forma de actuar, sus líderes… pero además que esta unidad tenga espíritu de cuerpo y pueda perseguir, desestabilizar y desarticular la estructura de la pandilla. Porque en estos momentos, en el territorio, tenemos delegaciones, subdelegaciones y puestos. Hablemos de un puesto policial que tiene a 14 hombres, tres cuartas partes con licencia y dos enfermos, otros dos de guardia… al final le quedan tres o cuatro para operar. Esta gente hace un trabajo reactivo. Cuando hay una denuncia, cuando matan a alguien, intervienen. El resto del tiempo, la pandilla anda por ahí, libre.

Pero en teoría, al menos desde hace 10 años, la Policía y el sistema de seguridad ya estaban centrados en el combate a las pandillas, o eso se nos dijo. Y si, como dice, el 90% de los crímenes los cometen las pandillas, un enorme porcentaje del trabajo que ha hecho la Policía de a pie tiene que haber estado relacionado con pandillas. ¿Por qué dice…?
Tiene que haber estado… pero no lo estaba.

¿Entonces qué ha estado haciendo la Policía?
Ha estado combatiendo el crimen en general…

Que según usted monopolizan las pandillas.
… Pero lo hacían de una forma menos proactiva. Nosotros no queremos reaccionar al delito, sino perseguirlo.

¿Ahora no hay en la Policía un cuerpo que haga eso con las pandillas?
No. Todos tienen esa labor, pero no hay un cuerpo especializado.

¿Y esa labor no se hace con la eficiencia necesaria?
No. Te lo pongo así: en este país, cuando a finales de los 90 hubo una ola de secuestros, se conformó una unidad especializada y estos se redujeron casi a cero.

También cuando se consideró que el repunte de los homicidios era motivo de alarma se creó una unidad especializada antihomicidios, la DIHO, y no funcionó.
Pero esa era una unidad más investigativa, que reaccionaba a cada caso… Ahora nosotros vamos a actuar de oficio contra las pandillas. Y si eso lo conectas con el subsistema de fiscales, etc, que estamos creando, todo acaba siendo un instrumento que va a dar resultado.

Cuando habla de resultado interpreto que se refiere a condenas, a que tendremos a 10 mil pandilleros más en la cárcel.
Si es necesario, sí. Acabarán en la cárcel todos los que cometan crímenes.

Parece que la clave del asunto es que también la Fiscalía cree una unidad antipandillas…
Sí.

Jueces especializados…
Sí.Pero la clave no es solo eso. Porque tú me podrías decir “hay ocho o diez jueces especializados… están las divisiones investigativas de la Policía…” Pero hoy lo que queremos hacer es que todo funcione en sistema. Que todo esté íntimamente relacionado, y centrado en resolver este problema que nos está golpeando. Que no sea un sistema desarticulado sino un todo.

¿Cómo se traduce eso?
Yo no soy experto en asuntos legales, pero lo llamo “subsistema”. Y hemos puesto a un grupo de abogados a trabajar esto en el marco de la UTE para que nos den la figura jurídica que se debe utilizar. Yo he tenido la concepción estratégica; ellos le van a dar forma.

Dice que tenemos un sistema garantista. ¿Cómo se ‘desablanda’ una ley? Usted ha hablado de estados de excepción focalizados.
Es cierto. Lo estamos analizando. Hay lugares donde podríamos aplicar un plan piloto para ver cómo resulta. No sé si sabes que para hacer un allanamiento a una vivienda necesitamos esperar 72 horas o más, aun con la colaboración de las instituciones. Por ejemplo, tú no puedes prohibir la circulación de menores de edad si no es bajo un régimen excepcional. Debes saber que casi el 30% de los que conforman la pandilla son menores de edad y son los que están matando. ¿No crees que una buena medida sería decir en ciertas zonas: “de las 20:00 horas a las 6 de la mañana del día siguiente, no pueden andar menores fuera de sus casas”? Eso puede dar resultado…

¿O entrar a una vivienda sin una orden judicial?
Sin una orden judicial en determinadas zonas que son consideradas de alto riesgo. En San Juan Opico hay colonias enteras donde los pandilleros han amenazado a la gente, la han sacado de sus casas y son ellos los que están viviendo ahí, sin ser los propietarios. ¿Y crees que no tienen armamento ahí escondido?

Para esos casos la ley ya contempla el principio de flagrancia, ¿no?
Pero si no se ha cometido un delito no hay flagrancia, y ellos mueven el armamento, y lo esconden…

Como sea, el estado de excepción le permitiría detener a alguien sin cargos, pero tarde o temprano tendrá que ponerlo en manos de la Fiscalía, o de un juez…
Eso lo vamos a trabajar si finalmente proponemos estos estados de excepción, pero sí, la idea es tener un sistema que los procese.

¿Es el viceministro Henry Campos quien está trabajando esto?
No. Lo estamos haciendo a través de la UTE, la Unidad Técnica del Sector Justicia. Hay fondos de cooperación de algunos países que nos están sirviendo para esto.

¿Usted apoya la idea de desarmar a la población civil, de prohibir la portación de armas de fuego?
Si logramos brindar seguridad a la población civil, no tendrá por qué andar armada.

Eso no responde a la pregunta de si apoyaría prohibir la portación de armas.
Nada está excluido. Ya estamos haciendo vedas en algunos municipios. Pero la gente que tiene fincas, por ejemplo, tiene que portar armas. La seguridad del Estado no llega a esos lugares, no podemos dejar desprotegida a esa gente.

¿La pena de muerte?
Ese es un tema que aún no hemos analizado.

Para todo esto que ha planteado, ¿era necesario poner a un militar al frente de la PNC, a un militar como número dos en la OIE…?
Era necesario poner a la persona idónea en cada lugar. Independientemente de que sea militar de formación, o un civil. Y una persona que pudiera trabajar coordinadamente con el ministro y se comprometiera con sus metas. Gente que oxigenara la nueva política de seguridad.

Pero da la impresión de que confía más en militares que en civiles.
Ricardo Perdomo es un civil. Aunque yo no lo nombro, lo hace el presidente…

Qué casualidad que el presidente nombre al frente de la OIE a alguien que ha trabajado con usted los últimos años y es de su entera confianza.
Eres muy perspicaz, jaja. El presidente considera diversos factores. Es posible que haya valorado que debía haber una sincronía, un clic, entre toda la gente que estamos trabajando en esto.

Tiene usted a un gabinete de su absoluta confianza. Plagado de gente con la que ya ha trabajado.
Qué casualidad, ¿verdad? ¿No crees en las casualidades?, jaja. No, hombre, Ricardo es un hombre muy capaz.

Ministro… ¿fue un error comprometerse a reducir un 30% los homicidios en un año?
No. Yo me la estoy jugando, pero mi formación, tanto académica como militar, me dice que cuando haces un plan te tienes que poner metas. No podemos seguir lanzando planes sin metas. Yo pienso poner en sintonía todo el aparato, la Asamblea Legislativa, La Corte Suprema de Justicia, la población en general, para poder alcanzar esa meta del 30%. Ya estamos generando una nueva dinámica y una nueva esperanza en la población, que siente que el problema se puede solucionar y está acompañando al ministro.

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"Aplicaremos el método de pacificación que se usa en las favelas de Río" – ElFaro.net

El general golpista está acusado de ser el responsable de la comisión de decenas de hechos delictivos por parte de los militares guatemaltecos durante los 17 meses que duró su gobierno. Entre esos se encuentran un centenar de matanzas, como la de 267 indígenas en el departamento del Quiché. La jueza que dirigió la audiencia decidió que hay suficientes indicios para encausar penalmente a Ríos Montt por genocidio.

El Periódico, de Guatemala

elfaro.net / Publicado el 27 de Enero de 2012

El general retirado guatemalteco José Efraín Ríos Montt comparece en la Corte Suprema de Justicia, en la ciudad de Guatemala. Foto El Periódico

Ciudad de Guatemala, enero 26. La jueza Carol Patricia Flores dispuso un breve receso en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia, este jueves, minutos después de que el ex jefe de Estado (1982-83) Efraín Ríos Montt le respondió con firmeza: "Prefiero guardar silencio…"

El general retirado dirigió Guatemala en el período de facto que devino del golpe militar contra su entonces colega de grado castrense Fernando Romeo Lucas García, el 23 de marzo del 1982.

Este día y a los 85 años de edad se juega su futuro inmediato en la audiencia de primera declaración en el Juzgado Primero "A" de Mayor Riesgo, sobre la acusación de genocidio y deberes contra la humanidad. El genocidio se le imputa, entre otras razones, por la matanza de indígenas en una zona del departamento del Quiché, al occidente de la ciudad capital.

En la primera parte, la Fiscalía afirmó que entre 1982 y 1983, cuando gobernaba Ríos Montt, fueron cometidas 1 mil 485 violaciones sexuales a mujeres menores de edad y que se desplazó a 29 mil guatemaltecos. El Ministerio Público hizo una relación de la comisión de 72 hechos delictivos bajo responsabilidad de los militares en ese mismo período. Uno de ellos fue la masacre de 267 indígenas de la etnia Ixil.

El Ministerio Público ha insistido en que en ese entonces el comandante general del Ejército era él por su jerarquía, por lo que es responsable de la autoría de las matanzas, aunque no lo haya sido en lo material.

La defensa del general apelará ante la autoridad judicial a favorecerlo con una "falta de mérito", al argumentar que las funciones de Ríos eran más políticas que militares en ese lapso de la historia.

Al mediodía la Fiscalía concluyó su exposición de los hechos imputados al ex jefe de Estado. Acto seguido la jueza Flores le preguntó si quería declarar, explicándole que podía negarse si así lo decidía. En medio de la tensión que dominaba la sala judicial tronó la voz de Ríos Montt: "Prefiero guardar silencio…"

Entonces la magistrada declaró el receso. Horas más tarde, la jueza Flores determinó ligar a proceso penal por genocidio a Ríos Montt, argumentando que la cadena de mando llevaba hasta el presidente de facto la responsabilidad por los crímenes que le imputa la Fiscalía.

Ríos Montt se abstiene de declarar en audiencia por acusaciones de genocidio – ElFaro.net

El general Francisco Salinas ascendió al encargado de la región metropolitana haciéndolo subdirector de Investigaciones, en sustitución de Howard Cotto. Cotto es el nuevo subdirector de Seguridad Pública, que es la unidad encargada de las tareas básicas de vigilancia y persecución policial. Mendoza Cordero es de los oficiales policiales que provienen de las filas del ejército, mientras Cotto proviene de la guerrilla.

Sergio Arauz

elfaro.net / Publicado el 28 de Enero de 2012

A cinco días de haber asumido el cargo, el director de la PNC, general Francisco Salinas, decidió mover la mesa principal de jefes policiales: al jefe regional del área metropolitana, Héctor Mendoza Cordero, lo nombró subdirector de Investigaciones, en sustitución de Howard Cotto.

Cotto, quien empezó la gestión presidencial de Mauricio Funes a cargo de uno de los brazos más importantes de la PNC, pasará a la subdirección de Seguridad Pública: “Confirmo mi cambio a la subdirección de Seguridad Pública. Me siento bien con lo alcanzado. Agradezco el apoyo de ustedes. Aquí nos vemos”, escribió Cotto en su cuenta de Twitter.

Captura de pantalla de la cuenta de Twitter de Howard Cotto, quien utiliza con frecuencia esta red social para comunicar y reaccionar ante diversos temas de su actividad policial.

Mendoza Cordero proviene de las filas de la Fuerza Armada, con lo que la tendencia a llenar de militares todos los principales puestos del área de seguridad pública continúa desde cuando en noviembre pasado, el presidente Mauricio Funes trasladó a su ministro de Defensa, general David Munguía Payés, a la silla de ministro de Seguridad Pública. Mendoza Cordero pertenece a la segunda promoción de dirigentes policiales. Esta es la segunda vez que el comisionado ocupa la Subdirección de Investigaciones, pues en 2008 ocupó el puesto durante de administración de Andrés Rovira como director policial, en el gobierno de Antonio Saca.

Los cambios ordenados por Salinas deja fuera de la mesa de principales jefes policiales a Hugo Ramírez, quien dejó su cargo de subdirector de Seguridad Pública a Cotto. Algunas fuentes policiales aseguran que Ramírez será nombrado en un cargo en el servicio exterior de El Salvador.

Desde noviembre del año pasado, el presidente inició el desmantelamiento del andamiaje civil del gabinete de seguridad pública. El 22 de noviembre juramentó al general Munguía Payés y a la vez como coordinador del gabinete de seguridad, en lugar de Franzi Hato Hasbún. Previo al nombramiento, un grupo de comisionados policiales provenientes de la guerrilla discutió la posibilidad de renunciar en conjunto en caso de que Munguía Payés asumiera el cargo. Ninguno renunció.

A finales del año pasado, un asesor militar de Munguía Payés asumió como director del Organismo de Inteligencia del Estado tras el despido del ex comandante guerrillero Eduardo Linares. Hace tres semanas, Funes nombró en el cargo a un economista de plena confianza de Munguía Payés en la dirección, y el ex asesor militar del general quedó como director.

Este lunes 23 de enero, Funes nombró al general Salinas como nuevo director de la PNC.

Fuentes del gobierno aseguraron a este periódico que el proceso de empoderamiento de militares en el gabinete de seguridad seguirá. “Mire, el cargo de la inspectora Zaira Navas también será ocupado por un hombre de confianza del general”, dijo un funcionario del gobierno que ha estado al tanto de los movimientos.

Navas presentó su renuncia una vez se conoció el despido de Ascencio. Su retiro será efectivo a partir de este 1 de febrero. Cuando tomó el cargo, en noviembre pasado, el ministro de Seguridad Pública se comprometió a reducir la incidencia de la criminalidad en un 30% en un plazo de un año. Esta semana, cuando El Faro le preguntó en qué consistía su plan para transitar hacia esa meta, expuso un plan de mano dura que según él será similar a la "pacificación" de las violentas favelas de Río de Janeiro.

Director de la Policía cambia al subdirector de Investigaciones – ElFaro.net

Miguel Huezo Mixco

La celebración de los veinte años de los Acuerdos de Paz nos enfrenta con una muralla invisible. Manoteamos en el aire y no sabemos qué es. Volvemos la vista a los líderes nacionales, y sus respuestas se han vuelto vacías. Hasta los optimistas empedernidos traslucen desencanto. No es solo el lastre del pasado: hay algo en el presente que frena la marcha del país.

Los pasados 20 años pueden ser vistos como un esfuerzo para derribar esa pared que nos heredó la cultura autoritaria. No ha sido fácil. Esta sociedad ha aprendido a fuerza de golpes. Inclusive, el final negociado de nuestra cruenta guerra civil fue la confirmación del axioma ancestral que dice: “La letra con sangre entra”.

Tras la firma de los Acuerdos y pasados los primeros años de entusiasmo comenzó a imponerse la duda sobre la posibilidad de que el país fuera capaz de realizar las transformaciones que se requerían.

Mucho se habla ahora de los cambios políticos que desencadenó el pacto de Chapultepec. Poco se dice sobre cómo fueron mutando las personas, qué nuevas apetencias surgieron en su entorno familiar, cómo se fueron transformando sus relaciones, y cuáles fueron las pequeñas y numerosas decisiones que terminaron cambiando sus vidas y al país.

Una de las maneras de aproximarse a esas microtransformaciones es a través de la literatura. Algunos de los personajes que aparecen en los relatos de nuestros escritores y escritoras nos hablan de esas mudanzas íntimas, mejor que cualquier discurso o una serie estadística.

Para el caso, las narraciones El asco, de Horacio Castellanos Moya, Mediodía de frontera, de Claudia Hernández, El perro en la niebla, de Róger Lindo, y Heterocity, de Mauricio Orellana Suárez, nos enfrentan al espejo de una sociedad atormentada que intenta superar el pesado lastre de las formas más tradicionales de convivir, de hacer política y de ejercer el poder.

Sus autores mismos expresan en muchos sentidos las dificultades propias de la convivencia en el “nuevo” El Salvador. Inadaptados, forzados al exilio, a la incomprensión y a la marginalidad. Ninguno encarna la mítica figura del autor de éxito. Ninguno tiene un mercado firme en la ágrafa sociedad salvadoreña. Ni siquiera Castellanos Moya que es el autor salvadoreño que, como ninguno otro, ha ingresado al mercado editorial de las grandes ligas en español y conseguido el mayor número de traducciones a otras lenguas de sus obras. Sus libros, como los del resto de autores mencionados, apenas se encuentran en las librerías locales. Ninguno de ellos -con excepción de Claudia Hernández- posee título universitario; ninguno ha reclamado prebendas al Estado: se ganan la vida ejerciendo la docencia o el periodismo. Pero su sensibilidad funciona con la precisión de un sismógrafo emocional. Sus invenciones son una clara manifestación de lo que suele llamarse “conciencia crítica”, pero que quizás solo sea un esfuerzo por contar de manera genuina su manera de mirar el mundo en el que viven. Sus personajes son tripulantes de nuestra propia nave de los locos, balanceada por el oleaje, a la deriva.

Edgardo Vega, personaje central de El asco (1997), es un emigrado que ha hecho su vida en Norteamérica. No le concede el más mínimo valor a la “identidad salvadoreña”. Mira a El Salvador como un lugar infectado de fanatismo y mugre. Esta novela expresa el fin de la inocencia sobre la revolución, el cambio, y sobre los héroes y mártires. Pocos han visto, además, que en la perorata de Vega hay una crítica al escritor Moya que se hace ilusiones sobre la literatura. El personaje, además, desnuda los mecanismos de frustración, hostilidad e incomunicación que impregnan la política y las relaciones familiares, nos ofrece un rostro inquietante de la migración y pega una bofetada al becerro de oro de la “identidad cultural”.

Claudia Hernández hace salir los monstruos de la vida cotidiana. Su cuento “Hechos de un buen ciudadano”, contenido en Mediodía de frontera (2002), es la historia de un hombre que recibe en su casa cadáveres ajenos, cuya carne debidamente salada utiliza para darles de comer a los hambrientos. Esta es una terrible metáfora de la banalización de la muerte, producto de tres intensas décadas de terror, a la cual vienen a echarle una mano el bombardeo noticioso y la crónica negra.

El perro en la niebla (2007) narra la inmersión de Guille en el mundo de la clase obrera. Su idilio con Ana Gladys, operaria en una fábrica maquiladora, es un puente quebradizo entre dos dimensiones desconocidas: cada uno proviene de hogares, tiene hábitos alimenticios y aficiones tan diferentes que apenas se rozan con los dedos. La novela revela que las luchas sociales de los años 70 estuvieron cuajadas de decisiones personales difíciles y a menudo tontas, y que el nuevo país, fraterno y solidario, que comenzó a concebirse en aquellas batallas callejeras, tras la paz, paradójicamente, volvió a romperse en pedazos.

Mauricio Orellana Suárez viene abriendo a hachazos el clóset de la estigmatización contra los homosexuales. Su novela Heterocity (2011), que podría leerse como una apología del matrimonio gay, desenmascara a la machista sociedad salvadoreña. El libro abre con dos elocuentes citas de las reformas constitucionales que en 2009 prohibieron las uniones matrimoniales y la adopción de hijos por parte de parejas del mismo sexo.

En los ejemplos mencionados nuestros escritores echan una mirada corrosiva al sedimento cultural que reproduce una ética, erótica, estética y política retrógradas. Desde luego, los lobos disfrutan de este “orden” enfundados en su piel de corderos. El desafío por cambiar esa cultura es inmenso. Las transformaciones más perdurables comienzan en cada uno de nosotros. Desde luego, las políticas públicas juegan un rol decisivo para imprimirle una dirección a la sociedad. No la tenemos fácil. Quizás la prosa desquiciada de Rafael Lara Martínez ha evitado que se comprenda su contundente tesis de que la política cultural de nuestros días se arraiga en contenidos creados por la dictadura de Martínez.

La desconfianza, la desilusión y la ironía son la voz contemporánea expresada a través de los personajes creados por nuestros escritores. Ojalá sepamos escucharlos. 

Miguel Huezo Mixco

La posguerra en el espejo de la literatura – ¿Dónde te agarró la paz? | ElFaro.net

Por El Faro

Publicado el 25 de Enero de 2012

Con el nombramiento del general Francisco Salinas como director de la Policía Nacional Civil termina de confirmarse el viraje total de Seguridad Pública en este gobierno. Es lo que el nuevo ministro de Seguridad, el general David Munguía Payés, probablemente pidió cuando asumió el cargo. Ahora controla todo el aparato y lo ha puesto, todo, en manos de militares.

Él mismo, además de ministro, quedó como coordinador del gabinete de seguridad, una función que antes desempeñaba el Secretario de Asuntos Estratégicos. En el Organismo de Inteligencia del Estado colocó a Ricardo Perdomo, un civil asesor suyo, y a un militar, el coronel Molina Montoya, debajo de aquel. Además, desde luego, la Fuerza Armada conservó el ministerio de Defensa.

El general Salinas, quien pasó a retiro justo el día en que fue nombrado director de la policía, es ahora, en palabras del presidente, un "civil" y por tanto su nombramiento no contradice la prohibición constitucional de que un uniformado esté al frente de la policía. Con el mismo argumento, Funes también negó que se esté militarizando la seguridad pública.

Funes habrá analizado la conveniencia de entregar a los militares el gabinete de seguridad. Pero decir que no son militares, y decirlo públicamente, expresa o ingenuidad de su parte o irrespeto hacia los ciudadanos al negar algo tan evidente.

Supone el presidente que al hacerlo, al menos jurídicamente, ha salvado los impedimentos constitucionales para poner militares donde los puso. Corresponde a los magistrados determinar si la prohibición se ha salvado con la solicitud de baja de todos los uniformados. Pero más allá de la letra, el presidente ha violado el espíritu de la constitución. Las reformas constitucionales emanadas de los Acuerdos de Paz tienen una razón clara: apartar a los militares de la política nacional y del control de los aparatos de seguridad pública. Es una lección de la historia.

Este presidente ha hecho todo lo contrario. Ha dejado todo el aparato en sus manos. De paso, ha puesto en riesgo a la Fuerza Armada, porque ahora serán ellos los responsables de cumplir con la promesa del Ministro de Seguridad, de disminuir en 30 por ciento los homicidios en un año (le quedan diez meses), una promesa muy difícil de mantener.

No bastándole, Funes coronó el nombramiento del nuevo director con el llamamiento al coronel retirado Sigifredo Ochoa Pérez a formar una comisión limítrofe, como representante de la Fuerza Armada, y llamándole a volver al servicio activo.

Paradójicamente, esta semana el editorial de El Faro hacía eco de las palabras del mandatario en El Mozote, posicionándose fuertemente contra actitudes como la de Ochoa Pérez que saltó en defensa del coronel Monterrosa, quien estuvo al mando del batallón Atlacatl durante la masacre de El Mozote. Las palabras de Ochoa Pérez, desafiando al Estado, significaron el punto más bajo de la controversia desatada por el discurso presidencial. Pero el llamado para que vuelva al servicio activo, que le niega a Ochoa Pérez el derecho a seguir optando por una diputación en las elecciones de marzo, es una acción de poca estatura que está al mismo nivel que las declaraciones de Ochoa Pérez. Lo lamentable es que provenga del presidente. Y que abuse del Estado para callar a un opositor.

Es lamentable y alarmante, por los visos de autoritarismo. Pero además es paradójico que Funes llame a servicio activo a un militar como Ochoa Pérez, con más de dos décadas de retiro, pero que considere civil a otro como Francisco Salinas, que amaneció el 23 de enero siendo general activo y al mediodía ya estaba retirado y dirigiendo la policía.

Ojalá, dentro de dos décadas, el presidente de turno no se vea obligado a pedir perdón a nombre del Estado y ordenar a la Fuerza Armada que revise su paso por la seguridad pública en el Siglo XXI. 

Militares activos, militares retirados – ElFaro.net

Por Gustavo Berganza

Publicado el 27 de Enero de 2012

En vísperas de que expirase la inmunidad de la que gozó como parlamentario, el exjefe de Estado Efraín Ríos Montt se presentó al Ministerio Público para inquirir si había alguna acusación en contra de él por los procesos de genocidio que hay en marcha actualmente.

Mientras esperaba ser atendido, Ríos Montt dijo a la prensa: “Si existiese alguna persecución penal en mi contra, se debe cumplir el debido proceso y que se me cite a cualquier tribunal, que yo tengo buena salud y estoy libre a partir del 12 de enero, que se termina el antejuicio del que gozo como diputado”. (Cerigua, 16/12/2011). Ese simple presentarse contrasta, por ejemplo, con la actitud de Oscar Mejía Víctores, quien, con ayuda de sus familiares y sus abogados, rehuyó asistir a declarar ante los tribunales.

Por supuesto, esto no quiere decir que no se le deba  procesar. Pero sí es indicativo de una voluntad de no escamotearse a la responsabilidad de responder por lo acontecido durante los 17 meses que ejerció la jefatura de Estado y la comandancia general del Ejército, implicado en esos días en una sangrienta campaña contrainsurgente.

Contra Ríos Montt, a diferencia de lo que sucede por ejemplo con los otros militares procesados, opera un clima emocional que contamina e impide una evaluación ecuánime del alcance de su participación y responsabilidad en los excesos en los que incurrió el Ejército durante la guerra.

En teoría, como sucede también con López Fuentes y Mejía Víctores, haber estado en la cúpula militar y haber aprobado los planes  Sofía, Victoria 82 y Firmeza 83, lo hace responsable de estos. Aunque, como ya se ha dicho, la manera como operó en esos años el Ejército, organizado en fuerzas de tarea, le daba amplia libertad de acción a las cabezas de esos grupos quienes también se arrogaron el derecho de realizar operaciones sin tener que solicitar permiso de comandantes de zonas ni del Estado Mayor de la Defensa. Esa autonomía parece haber sido causante, en no pocos casos, de los excesos en que incurrieron los oficiales de campo, quienes ordenaron matanzas, torturas y desapariciones. En aras de quitarle el agua al pez, no se detuvieron a considerar que podían matar de sed al entorno…

Si el general Ríos Montt y sus colegas sabían de esos excesos, debieron haber separado de sus mandos a esos subalternos y procesarlos, por violar las normativas castrenses en lo que se refiere al trato de civiles no armados, aunque fuesen colaboradores de la guerrilla. Al no detener los excesos, sea porque estaban de acuerdo o porque se les escamoteaba la información, incurren en complicidad. En lo personal, en lo que a Ríos Montt se refiere, no creo que él haya ordenado ni avalado, por ejemplo, la muerte de niños, mujeres y ancianos en San José Xix, Chajul. Esto es algo que el Ministerio Público habrá investigado y que los jueces deberán evaluar. Si hay documentos que demuestren su acuerdo, sus órdenes, pues que se le condene como hechor intelectual. Pero  mientras se desarrolla el juicio, esa disposición de presentarse a  los tribunales hace innecesario que se le encarcele.

*Este texto fue publicado originalmente en elPeriódico de Guatemala

El juicio contra Ríos Montt – ElFaro.net

El presidente Chávez presentó ante el Parlamento de Venezuela su informe sobre la actividad realizada en 2011 y el programa a ejecutar en el año actual. Después de cumplir rigurosamente las formalidades que demanda esa importante actividad, habló en la Asamblea a las autoridades oficiales del Estado, a los parlamentarios de todos los partidos, y a los simpatizantes y adversarios que el país reúne en su acto más solemne.

El líder bolivariano fue amable y respetuoso con todos los presentes como es habitual en él. Si alguno le solicitaba el uso de la palabra para alguna aclaración, le concedía de inmediato esa posibilidad. Cuando una parlamentaria, que lo había saludado amablemente igual que otros adversarios, solicitó hablar, interrumpió su informe y le cedió la palabra, en un gesto de gran altura política. Llamó mi atención la dureza extrema con que el Presidente fue increpado con frases que pusieron a prueba su caballerosidad y sangre fría. Aquello constituía una incuestionable ofensa, aunque no fuese la intención de la parlamentaria. Sólo él fue capaz de responder con serenidad al insultante calificativo de “ladrón” que ella utilizó para juzgar la conducta del Presidente por las leyes y medidas adoptadas.

Después de cerciorarse sobre el término exacto empleado, respondió a la solicitud individual de un debate con una frase elegante y sosegada “Águila no caza moscas”, y sin añadir una palabra, prosiguió serenamente su exposición.

Fue una prueba insuperable de mente ágil y autocontrol. Otra mujer, de incuestionable estirpe humilde, con emotivas y profundas palabras expresó el asombro por lo que había visto e hizo estallar el aplauso de la inmensa mayoría allí presente, que por el estampido de los mismos, parecía proceder de todos los amigos y muchos de los adversarios del Presidente.

Más de nueve horas invirtió Chávez en su discurso de rendición de cuentas sin que disminuyera el interés suscitado por sus palabras y, tal vez debido al incidente, fue escuchado por incalculable número de personas. Para mí, que muchas veces abordé arduos problemas en extensos discursos haciendo siempre el máximo esfuerzo para que las ideas que deseaba trasmitir se comprendieran, no alcanzo a explicarme cómo aquel soldado de modesto origen era capaz de mantener con su mente ágil y su inigualable talento tal despliegue oratorio sin perder su voz ni disminuir su fuerza.

La política para mí es el combate amplio y resuelto de las ideas. La publicidad es tarea de los publicistas, que tal vez conocen las técnicas para hacer que los oyentes, espectadores y lectores hagan lo que se les dice. Si tal ciencia, arte o como le llamen, se empleara para el bien de los seres humanos, merecerían algún respeto; el mismo que merecen quienes enseñan a las personas el hábito de pensar.

En el escenario de Venezuela se libra hoy un gran combate. Los enemigos internos y externos de la revolución prefieren el caos, como afirma Chávez, antes que el desarrollo justo, ordenado y pacífico del país. Acostumbrado a analizar los hechos ocurridos durante más de medio siglo, y de observar cada vez con mayores elementos de juicio la azarosa historia de nuestro tiempo y el comportamiento humano, uno aprende casi a predecir el desarrollo futuro de los acontecimientos.

Promover una Revolución profunda no era tarea fácil en Venezuela, un país de gloriosa historia, pero inmensamente rico en recursos de vital necesidad para las potencias imperialistas que han trazado y aún trazan pautas en el mundo.

Líderes políticos al estilo de Rómulo Betancourt y Carlos Andrés Pérez, carecían de cualidades personales mínimas para realizar esa tarea. El primero era además, excesivamente vanidoso e hipócrita. Oportunidades tuvo de sobra para conocer la realidad venezolana. En su juventud había sido miembro del Buró Político del Partido Comunista de Costa Rica. Conocía muy bien la historia de América Latina y el papel del imperialismo, los índices de pobreza y el saqueo despiadado de los recursos naturales del continente. No podía ignorar que en un país inmensamente rico como Venezuela, la mayoría del pueblo vivía en extrema pobreza. Los materiales fílmicos están en los archivos y constituyen pruebas irrebatibles de aquellas realidades.

Como tantas veces ha explicado Chávez, Venezuela durante más de medio siglo fue el mayor exportador de petróleo en el mundo; buques de guerra europeos y yankis a principios del siglo XX intervinieron para apoyar un gobierno ilegal y tiránico que entregó el país a los monopolios extranjeros. Es bien conocido que incalculables fondos salieron para engrosar el patrimonio de los monopolios y de la propia oligarquía venezolana.

A mí me basta recordar que cuando visité por primera vez a Venezuela, después del triunfo de la Revolución, para agradecer su simpatía y apoyo a nuestra lucha, el  petróleo valía apenas dos dólares el barril.

Cuando viajé después para asistir a la toma de posesión de Chávez, el día que juró sobre la “moribunda Constitución” que sostenía Calderas, el petróleo valía 7 dólares el barril, a pesar de los 40 años transcurridos desde la primera visita y casi 30 desde que el “benemérito” Richard Nixon había declarado que el canje metálico del dólar dejaba de existir y Estados Unidos comenzó a comprar el mundo con papeles. Durante un siglo la nación fue suministradora de combustible barato a la economía del imperio y exportadora neta de capital a los países desarrollados y ricos.

¿Por qué predominaron durante más de un siglo estas repugnantes realidades?

Los oficiales de las Fuerzas Armadas de América Latina tenían sus escuelas privilegiadas en Estados Unidos, donde los campeones olímpicos de las democracias los educaban en cursos especiales destinados a preservar el orden imperialista y burgués. Los golpes de Estado serían bienvenidos siempre que estuvieran destinados a “defender las democracias”, preservar y garantizar tan repugnante orden, en alianza con las oligarquías; si los electores sabían o no leer y escribir, si tenían o no viviendas, empleo, servicios médicos y educación, eso carecía de importancia siempre que el sagrado derecho a la propiedad fuese sostenido. Chávez explica esas realidades magistralmente. Nadie conoce como él lo que ocurría en nuestros países.

Lo que era todavía peor, el carácter sofisticado de las armas, la complejidad en la explotación y el uso del armamento moderno que requiere años de aprendizaje, y la formación de especialistas altamente calificados, el precio casi inaccesible de las mismas para las economías débiles del continente, creaba un mecanismo superior de subordinación y dependencia. El Gobierno de Estados Unidos a través de mecanismos que ni siquiera consultan a los gobiernos, traza pautas y determina políticas para los militares. Las técnicas más sofisticadas de torturas se trasmitían a los llamados cuerpos de seguridad para interrogar a los que se rebelaban contra el inmundo y repugnante sistema de hambre y explotación.

A pesar de eso, no pocos oficiales honestos, hastiados por tantas desvergüenzas, intentaron valientemente erradicar aquella bochornosa traición a la historia de nuestras luchas por la independencia.

En Argentina, Juan Domingo Perón, oficial del Ejército, fue capaz de diseñar una política independiente y de raíz obrera en su país. Un sangriento golpe militar lo derrocó, lo expulsó de su país, y lo mantuvo exiliado desde 1955 hasta 1973. Años más tarde, bajo la égida de los yankis, asaltaron de nuevo el poder, asesinaron, torturaron y desaparecieron a decenas de miles de argentinos, y no fueron siquiera capaces de defender el país en la guerra colonial contra Argentina que Inglaterra llevó a cabo con el apoyo cómplice de Estados Unidos y el esbirro Augusto Pinochet, con su cohorte de oficiales fascistas formados en la Escuela de las Américas.

En Santo Domingo, el Coronel Francisco Caamaño Deñó; en Perú, el General Velazco Alvarado; en Panamá, el General Omar Torrijos; y en otros países capitanes y oficiales que sacrificaron sus vidas anónimamente, fueron las antítesis de las conductas traidoras personificadas en Somoza, Trujillo, Stroessner y las sanguinarias tiranías de Uruguay, El Salvador y otros países de Centro y Sur América. Los militares revolucionarios no expresaban puntos de vista teóricamente elaborados en detalles, y nadie tenía derecho a exigírselos, porque no eran académicos educados en política, sino hombres con sentido del honor que amaban su país.

Sin embargo, hay que ver hasta donde son capaces de llegar por los senderos de la revolución hombres de tendencia honesta, que repudian la injusticia y el crimen.

Venezuela constituye un brillante ejemplo del rol teórico y práctico que los militares revolucionarios pueden desempeñar en la lucha por la independencia de nuestros pueblos, como ya lo hicieron hace dos siglos bajo la genial dirección de Simón Bolívar.

Chávez, un militar venezolano de humilde origen, irrumpe en la vida política de Venezuela inspirado en las ideas del libertador de América. Sobre Bolívar, fuente inagotable de inspiración, Martí escribió: “ganó batallas sublimes con soldados descalzos y medio desnudos [...] jamás se peleó tanto, ni se peleó mejor, en el mundo por la libertad…”

“… de Bolívar -dijo- se puede hablar con una montaña por tribuna  [...] o con un manojo de pueblos libres en el puño…”

“… lo que él no dejó hecho, sin hacer está hasta hoy; porque Bolívar tiene que hacer en América todavía.”

Más de medio siglo después el insigne y laureado poeta Pablo Neruda escribió sobre Bolívar un poema que Chávez repite con frecuencia. En su estrofa final expresa:

“Yo conocí a Bolívar una mañana larga,

en Madrid, en la boca del Quinto Regimiento,

Padre, le dije, eres o no eres o quién eres?

Y mirando el Cuartel de la Montaña, dijo:

‘Despierto cada cien años cuando despierta el pueblo’.”

Pero el líder bolivariano no se limita a la elaboración teórica. Sus medidas concretas no se hacen esperar. Los países caribeños de habla inglesa, a los que modernos y lujosos buques cruceros yankis le disputaban el derecho a recibir turistas en sus hoteles, restaurantes y centros de recreación, no pocas veces de propiedad extranjera pero que al menos generaban empleo, agradecerán siempre a Venezuela el combustible suministrado por ese país con facilidades especiales de pago, cuando el barril alcanzó precios que a veces superaban los 100 dólares.

El pequeño Estado de Nicaragua, patria de Sandino, “General de Hombres Libres”, donde la Agencia Central de Inteligencia a través de Luis Posada Carriles, después de ser rescatado de una prisión venezolana, organizó el intercambio de armas por drogas que costó miles de vidas y mutilados a ese heroico pueblo, también ha recibido el apoyo solidario de Venezuela. Son ejemplos sin precedentes en la historia de este hemisferio.

El ruinoso Acuerdo de Libre Comercio que los yankis pretenden imponer a la América Latina, como hizo con México, convertiría los países latinoamericanos y caribeños no solo en la región del mundo donde peor está distribuida la riqueza, que ya lo es,  sino también en un gigantesco mercado donde hasta el maíz y otros alimentos que son fuentes históricas de proteína vegetal y animal serían desplazados por los cultivos subsidiados de Estados Unidos, como ya está ocurriendo en territorio mexicano.

Los automóviles de uso y otros bienes desplazan a los de la industria mexicana; tanto las ciudades como los campos pierden su capacidad de empleo, el comercio de drogas y armas crece, jóvenes casi adolescentes con apenas 14 ó 15 años, en número creciente, son convertidos en temibles delincuentes. Jamás se vio que ómnibus u otros vehículos repletos de personas, que incluso pagaron para ser transportados al otro lado de la frontera en busca de empleo, fuesen secuestrados y eliminados masivamente. Las cifras conocidas crecen de año en año. Más de 10 mil personas están perdiendo ya la vida cada año.

No es posible analizar la Revolución Bolivariana sin tomar en cuenta estas realidades.

Las fuerzas armadas, en tales circunstancias sociales, se ven forzadas a interminables y desgastadoras guerras.

Honduras no es un país industrializado, financiero o comercial, ni siquiera gran productor de drogas, sin embargo algunas de sus ciudades rompen el record de muertos por violencia a causa de las drogas. Allí se yergue en cambio el estandarte de una importante base de las fuerzas estratégicas del Comando Sur de Estados Unidos. Lo que allí ocurre y está ocurriendo ya en más de un país latinoamericano es el dantesco cuadro señalado, de los cuales algunos países, han comenzado a salir. Entre ellos, y en primer lugar Venezuela, pero no solo porque posee cuantiosos recursos naturales, sino porque los rescató de la avaricia insaciable de las transnacionales extranjeras y ha desatado considerables fuerzas políticas y sociales capaces de alcanzar grandes logros. La Venezuela de hoy es otra muy distinta a la que conocí hace solo 12 años, y ya entonces me impresionó profundamente, al ver que como ave Fénix resurgía de sus históricas cenizas.

Aludiendo a la misteriosa computadora de Raúl Reyes, en manos de Estados Unidos y la CIA, a partir del ataque organizado y suministrado por ellos en pleno territorio ecuatoriano, que asesinó al sustituto de Marulanda y a varios jóvenes latinoamericanos desarmados, han lanzado la versión de que Chávez apoyaba la “organización narco-terrorista de las FARC”. Los verdaderos terroristas y narcotraficantes en Colombia han sido los paramilitares que le suministraban a los traficantes norteamericanos las drogas, que se venden en el mayor mercado de estupefacientes del mundo: Estados Unidos.

Nunca hablé con Marulanda, pero sí con escritores e intelectuales honrados que llegaron a conocerlo bien. Analicé sus pensamientos e historia. Era sin dudas un hombre valiente y revolucionario, lo cual no vacilo en afirmar. Expliqué que no coincidía con él en su concepción táctica. A mi juicio, dos o tres mil hombres habrían sido más que suficientes para derrotar en el territorio de Colombia a un ejército regular convencional. Su error era concebir un ejército revolucionario armado con casi tantos soldados como el adversario. Eso era sumamente costoso y virtualmente imposible de manejar.

Hoy la tecnología ha cambiado muchos aspectos de la guerra; las formas de lucha también cambian. De hecho el enfrentamiento de las fuerzas convencionales, entre potencias que poseen el arma nuclear, se ha tornado imposible. No hay que poseer los conocimientos de Albert Einstein, Stephen Hawking y miles de otros científicos para comprenderlo. Es un peligro latente y el resultado se conoce o se debiera conocer. Los seres pensantes podrían tardar millones de años en volver a poblar el planeta.

A pesar de todo, sostengo el deber de luchar, que es algo de por sí innato en el hombre, buscar soluciones que le permitan una existencia más razonada y digna.

Desde que conocí a Chávez, ya en la presidencia de Venezuela, desde la etapa final del gobierno de Pastrana, siempre lo vi interesado por la paz en Colombia, y facilitó las reuniones entre el gobierno y los revolucionarios colombianos que tuvieron por sede a Cuba, entiéndase bien, para un acuerdo verdadero de paz y no una rendición.

No recuerdo haber escuchado nunca a Chávez promover en Colombia otra cosa que no fuera la paz, ni tampoco mencionar a Raúl Reyes. Siempre abordábamos otros temas. Él aprecia particularmente a los colombianos; millones de ellos viven en Venezuela y todos se benefician con las medidas sociales adoptadas por la Revolución, y el pueblo de Colombia lo aprecia casi tanto como el de Venezuela.

Deseo expresar mi solidaridad y estima al General Henry Rangel Silva, Jefe del Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas, y recién designado Ministro para la Defensa de la República Bolivariana. Tuve el honor de conocerlo cuando en meses ya distantes visitó a Chávez en Cuba. Pude apreciar en él un hombre inteligente y sano, capaz y a la vez modesto. Escuché su discurso sereno, valiente y claro, que inspiraba confianza.

Dirigió la organización del desfile militar más perfecto que he visto de una fuerza militar latinoamericana, que esperamos sirva de aliento y ejemplo a otros ejércitos hermanos.

Los yankis nada tienen que ver con ese desfile y no serían capaces de hacerlo mejor.

Es sumamente injusto criticar a Chávez por los recursos invertidos en las excelentes armas que allí se exhibieron. Estoy seguro de que jamás se utilizarán para agredir a un país hermano. Las armas, los recursos y los conocimientos deberán marchar por los senderos de la unidad para formar en América, como soñó El Libertador, “…la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riqueza que por su libertad y gloria”.

Todo nos une más que a Europa o a los propios Estados Unidos, excepto la falta de independencia que nos han impuesto durante 200 años.

Fidel Castro Ruz
Enero 25 de 2012
8 y 32 p.m.

La genialidad de Chávez | Cubadebate

El sistema de elección ha mostrado, a lo largo de estos años, bastantes imperfecciones, y en ellas hay que poner la máxima atención ciudadana e institucional.

Escrito por Editorial
Jueves, 26 enero 2012 00:00

Conforme a la estructura diseñada en los acuerdos de paz, cada tres años se renueva un tercio de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuyo período personal es de 9 años. Esta renovación periódica parcial es un mecanismo para darle a la Corte, que es el tribunal supremo de la República, una dinámica interna que asegure las evoluciones constantes dentro de dicho organismo colegiado. Se elegirán, pues, cinco nuevos magistrados, uno de ellos de la Sala de lo Constitucional. Esto coincide en el tiempo con la elección de una nueva Asamblea Legislativa, a quien naturalmente le corresponde hacer la elección de segundo grado para completar la Corte.

En tiempos recientes, la CSJ ha estado congestionada por diversas disensiones intestinas. Al ser un cuerpo colegiado, siempre es difícil lograr la armonía interior; pero también es evidente que se viene manifestando la tendencia muy negativa a crear trincheras internas, con el perjuicio que eso causa tanto al funcionamiento institucional como a la credibilidad de la impartición de justicia al más alto nivel. Se trata, desde luego, de que la Corte como tal y sus distintas Salas cumplan con sus respectivos deberes en forma libre y plena, pero con el tino y la responsabilidad que aseguren la saludable puesta en práctica de la ley y den el debido ejemplo de ecuanimidad y acierto.

En esta oportunidad, pues, y dadas las convulsiones que se vienen dando en el interior de la cúpula del Órgano Judicial, hay más expectativa tanto sobre los resultados de la elección directa de los abogados para configurar su lista de candidatos como sobre la selección que hará el Consejo Nacional de la Judicatura para integrar la suya. Ambas listas, de 15 nombres cada una, se enviarán a la Asamblea Legislativa para que sea en el seno de este Órgano donde se haga la elección de los 5 nuevos magistrados. El sistema de elección ha mostrado, a lo largo de estos años, bastantes imperfecciones, y en ellas hay que poner la máxima atención ciudadana e institucional.

La elección directa se ha convertido en una especie de competencia al estilo de lo que pasa en el ámbito político. La selección del CNJ no ha ofrecido, hasta la fecha, la confiabilidad y la transparencia que son básicas para garantizar un buen resultado. Y, por su parte, las fuerzas partidarias han estado más dispuestas a defender sus “cuotas de poder” que a fortalecer el ente judicial. A ver cómo se dan y cómo salen las cosas esta vez. El ojo público está puesto sobre las decisiones y las acciones de cada uno de los partícipes en todo este proceso, lo cual da más confianza de que se pueda, al final, escoger a los mejores en todo sentido: lo moral, lo actitudinal, lo intelectual, lo científico.

El Consejo Nacional de la Judicatura supervisará, en esta ocasión, la elección directa que realiza la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador. Falta por buscarse el mecanismo de supervisión de lo que decide dicho Consejo. A lo que debería tenderse, en realidad, es a que elecciones como ésta respondan al más puro interés público e institucional, y no a ambiciones individuales o de grupo, de cualquier índole que fueren. Nunca habrá un mecanismo perfecto o apolítico, porque eso no existe en ninguna parte; pero cuando menos se debe contar con las seguridades básicas de que se está avanzando en la ruta de mejorar de veras la justicia.

Es muy determinante para la buena salud de todo el proceso que la administración de justicia opere con todas las de la ley, desde la cúpula hasta la red de tribunales esparcidos por todo el territorio nacional. Por eso la escogencia de las personas se vuelve clave.

Se acerca la elección de un tercio de magistrados de la CSJ

Escrito por Rafael Rodríguez Loucel
Jueves, 26 enero 2012 00:00

rloucel@utec.edu.sv

Cada día que transcurre me convenzo más de que en este país hacemos las cosas al revés y en lugar de evolucionar, se involuciona. Se retrocede en todo: en educación, competitividad, seguridad ciudadana, respeto al prójimo, flujo vehicular, calidad de la función pública, etcétera.

Tener la oportunidad de viajar unos días y retornar al país resulta deprimente. Se vuelve a observar el irrespeto total a las reglas de tránsito y a la mínima cortesía. ¡Vaya pulgarcito de América, tan denso de mendigos, maleantes y contaminación!

En las Navidades que es un período supuestamente de paz y de recogimiento es cuando más violencia y escándalo hay. Las festividades incitan a la quema del dinero (pólvora y consumo de otros bienes) y las tarjetas de crédito crujen, en un país supuestamente pobre que clama por más ahorro. Se empieza el año con huelgas, como si no bastasen las vacaciones. El primer día de trabajo no se labora, se descansa. En uno de los órganos del Estado la eficacia de algunos de sus integrantes es motivo para que otros funcionarios de otro órgano se sienten amenazados por ese devengar del salario digno, y en lugar de imitar a los primeros, en la primera semana de labores se las ingenian para elaborar decretos para asuetos pagados.

Todo es posible en un país al revés. Hay sesiones que pueden llevarse a cabo con funcionarios que han consumido sustancias que afectan las facultades mentales. Aunque el ayer debería ser un sueño y lo que cuenta es el presente, se conmemora un Acuerdo de Paz en un entorno de extrema violencia.

El perdón y el olvido de ofensas y hechos del pasado es una virtud, pero esa acción en este país también justifica la mayor impunidad del presente y nadie parece estar viendo el futuro.

Nada es extraño en un país de una calle 6.ª y 10.ª al mismo tiempo, del queso duro blandito y de las entradas ya sacadas. Efectivamente, en el pasado un médico amputó una pierna que no era la supuestamente afectada y después se constató que la que en teoría era la enferma era rescatable. Pretendían dejar al paciente completamente mutilado. En el presente, otro médico confunde un tumor con un embarazo.

Las redes sociales y la tecnología han sustituido a la conversación por medio del diálogo en vivo y el pago de celulares impide la satisfacción de necesidades básicas.

Todos están de acuerdo en la cantidad de homicidios, en lo que no lo están es en quién los ha cometido. De los 34,471 homicidios en los últimos 10 años, 20,869 se reportan como tipo de violencia de móvil desconocido, lo que se interpreta como impunes. En lo que sí hay certeza es que las víctimas están bien muertas; jugamos bien fútbol sin zapatos y somos finalistas en homicidios.

En materia económica, se inicia el año aplicando un plan de ajuste como enmienda para un país que gasta en exceso de su ingreso y por sus altos niveles de deuda.

Por otra parte, la mano de obra, poseedora de una fuerza de trabajo con deseos de marcharse, en cambio los propietarios de recursos financieros prefieren enviar solo su capital. La diferencia es que los trabajadores que emigran emprenden una odisea, en cambio el dólar viaja en forma más expedita.

Un país al revés (III)

Escrito por Juan Ramón Medrano
Jueves, 26 enero 2012 00:00

medrano_guzman@yahoo.com

En el año 2012 ocurrirán dos hechos que vale la pena comentar: uno de importancia universal y otro de importancia nacional. El primero se refiere al Calendario Maya y el segundo al Calendario Electoral Nacional. Ambos han sido objeto de muchas profecías y predicciones.

La importancia de las profecías mayas es obvia, pues para unos se trata de la posible desaparición del mundo y para otros, de un cambio de era para la humanidad. En el Baktun 13 del Calendario Maya, que coincide con el Solsticio de Invierno del 21 de diciembre de 2012, a las 11:11 a. m., el sol estará alineado con el centro de la Vía Láctea por primera vez en 26,000 años. Y la energía que fluye de la Vía Láctea a la Tierra será parcialmente interrumpida.

A esta conjunción del Solsticio Solar de Invierno, con el punto de cruce del Ecuador Galáctico o Ecuador de la Vía Láctea y la Elíptica o Trayectoria del Sol, los mayas le llamaron el Árbol Sagrado. A este hecho según algunos estudiosos del tema, también se refieren: la Biblia, Nostradamus, los antiguos egipcios y chinos, así como las profecías Hopi. Y la conclusión general es que algo muy malo o muy bueno pasará en esa fecha. Y aunque también es muy probable que no pase nada extraordinario, ya estamos viviendo con intensidad la furia de diversos fenómenos naturales.

En cuanto a las próximas elecciones de alcaldes y diputados, las predicciones salen de los mismos representantes de los partidos, de analistas políticos y de encuestas. Las predicciones de algunos voceros de los partidos mayoritarios son que algo muy bueno o muy malo va a ocurrir el 11 de marzo de 2012. Por supuesto que cada uno cree que va a ocurrir algo muy bueno para ellos y muy malo para su adversario.

Tanto la izquierda como la derecha aseguran que aumentarán sus diputados con relación a 2009. Aunque desde mi punto de vista (sumándome a las predicciones), es muy probable que tampoco pase nada extraordinario, es decir, que no cambien sustancialmente los números en la Asamblea Legislativa. Y para ello, nos apoyamos en las últimas encuestas sobre diputados que únicamente arrojan una diferencia de cinco puntos entre ambos partidos; diferencia que podría moverse hacia la izquierda o la derecha en los próximos días.

La expectativa se genera con los partidos de la cintura del espectro electoral: GANA, CN, PES y CD, que actualmente compiten por ser tercera fuerza. La llave para sumar 43 o 56 votos con uno de los partidos mayoritarios en el congreso.

GANA, actual tercera fuerza según encuestas, tiene el reto de superar la maldición que tienen los partidos que surgen de una división, que nunca sacan muchos votos. Su misión será sacar entre ocho y 12 diputados, para sustituir a CN. Las manitas y los pescados por su parte, aspiran a mantener la cantidad de diputados que sacaron en 2009. Pero hablando de posibles desapariciones para este año, la amenaza real se cierne precisamente sobre CD y los nuevos partidos, según las ultimas encuestas.

Nuestros deseos por el bien de la humanidad y de El Salvador son que en 2012 no ocurra nada catastrófico. Y que por el contrario ocurra algo muy bueno para todos.

Las profecías y predicciones de 2012

Hay que reflexionar sobre el futuro y nuestra perspectiva real de convivencia y democracia

SAN SALVADOR – Las próximas elecciones en El Salvador están más en las mentes de los políticos -que se disputarán el pastel del poder legislativo y municipal- que en la perspectiva de la población.

La sociedad, en su mayoría, ajena a los pleitos políticos, sufre las consecuencias: tensión, incertidumbre, dudas y violencia.

La gente ve cómo en épocas electorales se derrocha en gran escala el dinero público y privado que serviría mejor para reconstruir y pintar escuelas, y no postes, cunetas y piedras con los colores de las banderas partidarias.

Lo peor de todo es la violencia que generan las campañas electores, en vez de ser todo lo contrario. Como si no fuera suficiente la violencia diaria que se traga la vida de 14 compatriotas diariamente y que nos mantiene como el país más peligroso del Mundo.

¿Cuál fiesta pública? Las actuales campañas electores afean aún más nuestras desordenadas y sucias ciudades, además que enredan el ya atribulado tráfico vehicular.

Las caravanas de un partido agreden a las otras y así sucesivamente. ¿Es ello beneficioso para la gente?

La sociedad civil organizada debería presionar más por reformas legales para que no sólo los partidos se adecenten, sino que sus acciones sean educativas y beneficiosas para la gente.

No es posible que vivamos eternamente como perros y gatos en el solar del infortunio.

El XX aniversario de la paz se convirtió en el espacio en que unos y otros prefirieron la guerra y no la democracia verdadera.

Hay que reflexionar sobre el futuro y nuestra perspectiva real de convivencia y democracia.

Elecciones y perspectivas – Noticias de El Salvador – ContraPunto – Noticias de El Salvador – ContraPunto

Juan José Dalton (*)  

SAN SALVADOR – “Ni pa´ trás ni pa´ lante”, diría un cubano a la hora de observar la realidad salvadoreña y queriendo decir que esta sociedad ha quedado estancada en el tiempo y en el espacio; que sus avances son significativamente menores en comparación a sus regresiones.

El Salvador siempre ha sido convulso. Históricamente fue un remedo de República; más que remedo de Nación, una inmensa finca explotada por un pequeño grupo de oligarcas voraces e insensibles que contaron siempre con un ejército de capataces criminales para doblegar a los colonos y peones a látigo, machete y miseria.

Los ejidos de los indígenas fueron arrasados para convertirlos en plantaciones de café, caña y algodón. Los dueños de las grandes haciendas construían sus palacetes en San Salvador, desde donde administraban y exportaban sus productos. Otra cosa nunca les importó.

Cualquier reclamo había que apagarlo desde las raíces, de ahí las matanzas, las carceleadas y los exilios.

Pronto los cafetales, cañaverales, algodonales, beneficios e ingenios fueron convertidos en bancos y en inmensos centros comerciales. El dólar sustituyó al colón, pero la mentalidad voraz nunca se apaciguó.

Hubo revueltas aplastadas, poblaciones diezmadas; vino y se fue la guerra, pero la paz nunca llegó. La paz es un invento perverso del sistema político, que sólo sus representantes entienden y manejan a la perfección.

Los oligarcas siguen conservando sus privilegios, mientras la democracia es un desfile bufo de elegidos que terminan haciendo lo que el dinero les pone como límite.

Tres pasos adelante, cinco para atrás. Así nunca llegaremos al horizonte, aunque la ilusión óptica nos hace caminar a la línea imaginaria de la esperanza.

Ahora resulta que el primer presidente de izquierda de la historia nacional, que representa a una izquierda antidictatorial, antioligárquica y antimperial, está rendido y dulcemente atrapado en las redes de sus antiguos enemigos, quienes no han cambiado ni cambiarán de rumbo.

El mandatario ahora se inclina ante las políticas de Washington que han ordenado remilitarizar el Estado, cuando la militarización fue la causa de la recién pasada guerra civil.

¿Será esto una pesadilla? O como diría mi padre, Roque Dalton, en su verso hiriente y realista:

País mío no existes

sólo eres una mala silueta mía

una palabra que le creí al enemigo

El Salvador, no existes – Noticias de El Salvador – ContraPunto – Noticias de El Salvador – ContraPunto

Benjamín Cuellar Martínez (*)  

SAN SALVADOR – El 15 de marzo del 2009 ganó la esperanza porque venía el cambio. Al menos, eso creyó mucha gente entre el “voto duro” de la antigua guerrilla y quienes vieron a Mauricio Funes como el que “salvaría a El Salvador”. Aún suena su labia seductora al ser ungido como “príncipe rojo” el 11 de noviembre del 2007, violando la Constitución. Faltando más de dieciséis meses para la elección, dijo: “¿Quién no se siente inseguro en nuestro país? El mes pasado cerró con una tasa promedio de diez homicidios por día. Para las autoridades de seguridad pública el que hoy se cometan dos o tres asesinatos menos al día de los que se cometían hace tres años es un éxito”. Cierto, señor Funes. Así presumía su antecesor.

Usted, con toda la razón, agregó entonces lo siguiente: “Para los y las salvadoreñas, solo cuando nuestros hijos puedan vivir con seguridad, solo cuando podamos salir a nuestros trabajos o regresar de ellos sin el temor de ser asesinados, solo cuando dejemos de vivir en la zozobra diaria de que algo nos pueda ocurrir, entonces podremos hablar de que las políticas de combate a la delincuencia están dando resultados. Mientras tanto, mientras eso no ocurra, el fracaso es visible […] Hay que cambiar el concepto de seguridad pública de este gobierno […]”.

“La apuesta a la represión –siguió Funes, el candidato– ha permitido que un pequeño grupo de amigos del presidente, dirigentes del partido ARENA, se hayan enriquecido con la implementación del modelo de seguridad privada. No existe voluntad política para reducir los altos niveles de criminalidad en el país. Preguntémonos, ¿por qué el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción gubernamental siguen sin ser combatidos con eficacia? ¿Qué intereses esconden que no ha habido Presidente de la República que en dieciocho años pueda asegurar con solvencia que ha combatido esta forma de delincuencia?”.

Y remató  así: “Sólo los que queremos un cambio estable en el país, acabaremos con este problema. Siendo candidato, el Presidente Saca aseguro que durante su gobierno ‘a los malacates se les acabaría la fiesta’. No sólo no se les ha acabado la fiesta, la han trasladado a Casa Presidencial. Nosotros si combatiremos la delincuencia, nosotros si acabaremos con la fiesta que hoy celebran los delincuentes”.

¿Qué hay a estas alturas, cuando ya pasó la mitad de su período? Al empezar el 1 de junio del 2009, con alto capital político y sin elecciones enfrente, Funes estaba ante la posibilidad de cumplir sus promesas. Pero siguió con la “mano dura”, parte de la “herencia maldita” que dijo haber recibido. No la eliminó; al contrario, “militarizó” más la seguridad pública que inició Cristiani y mantuvieron los otros presidentes “areneros”.

Antes de designar al general David Munguía Payés como Ministro de Justicia y Seguridad Pública, en noviembre del 2011, Funes lanzó este reto: “Qué me digan […] en qué parte de los Acuerdos de Paz en su letra o espíritu o en qué parte de nuestro ordenamiento constitucional se prohíbe que un militar en situación de retiro que por lo tanto pasa a ser civil puede ocupar un cargo como el de Ministro de Justicia y Seguridad”. 

Pues antes que el nombramiento de su “hombre de toda confianza”, así lo llamó, es el uso de militares en tareas de seguridad pública lo que viola el artículo 168 de la Constitución; mantener e incrementar eso viola, además, el literal F del romano primero, en el capítulo sobre la Fuerza Armada del Acuerdo de Chapultepec. Pero a él y a sus actuales socios, les vale. Por eso pasaron de los cerca de tres mil soldados con Cristiani hace casi dieciocho años, a los casi nueve mil o más de hoy. ¿Es eso un uso excepcional de la institución? 

Nombrar a Munguía Payés antes y ahora al general Francisco Salinas como director general de la Policía Nacional Civil, también contradice esos dos documentos esenciales para construir el “nuevo El Salvador” que nos prometieron. La PNC –según el Acuerdo de Chapultepec– “estará bajo la dirección de autoridades civiles (artículo 168, numeral 17 de la constitución). Estas serán: el Presidente de la República, el Ministro, el Viceministro, el Director General de la Policía, los Subdirectores Generales, el Inspector General, los Jefes de División de cada servicio y los Jefes de las Delegaciones Departamentales”. 

Pero además, hay algo que preguntarle a Funes. ¿Ha servido de algo ese uso de la fuerza Armada? No discutamos ahora su pasado criminal; dejemos también lo de las violaciones a la Constitución y los acuerdos de paz, al hacer lo que está haciendo. Solo conteste esta pregunta, señor Funes. Díganos con datos si, después de tantos años con ARENA apelando a los militares y casi tres de su período con más de lo mismo, tiene algún resultado del cual presumir. Usted dijo el 11 de noviembre del 2007: “El mes pasado cerró con una tasa promedio de diez homicidios por día”. Hoy la realidad le dice a las mayorías populares, que son las más golpeadas por la criminalidad, que sus dos años completos de Gobierno –el 2010 y el 2011– cerraron con una docena de homicidios como promedio diario. Si fuera exitosa la intervención de los militares en algo para lo que no tienen la formación necesaria, ni la Constitución ni los acuerdos están escritos en piedra. Pero no es así.

En lugar de hacer lo que ni los presidentes de ARENA se atrevieron, mejor cumpla lo que prometió si lo elegían y no repita lo que criticó como periodista y candidato. Hasta ahora, recordando su primer discurso de campaña, su fracaso es visible en el combate a la delincuencia y en la superación de la violencia. Según dice, nadie lo presionó para hacer lo que anunció el pasado lunes 23 de enero, un día después de conmemorarse ochenta años de la horrenda operación militar en la que masacraron alrededor de treinta mil personas y un día antes del sexto aniversario luctuoso del máximo líder del partido que le sirvió para llegar a la Presidencia. ¿No lo hizo su “aliado estratégico” que ha forzado a los gobiernos de México y el “triángulo norte” de Centroamérica, a poner los muertos en su guerra contra el narcotráfico? 

En fin, si no cambian las cosas con lo que acaba de hacer –porque al menos aparenta que “hace siempre lo que quiere y su palabra es la ley”– ¿seguirá encaprichado y nos recetará servicio militar obligatorio, compra de aviones y más equipo bélico, estado de sitio, toque de queda, ley fuga y pena de muerte? ¿Le entregará la banda a uno de estos dos generales o a cualquier otro?

Y su palabra es la ley… – Noticias de El Salvador – ContraPunto – Noticias de El Salvador – ContraPunto

Moisés Gómez (*)

SAN SALVADOR-Con ocasión del nombramiento de un general en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y posteriormente el nombramiento de otro general a cargo de la Policía Nacional Civil se ha generado un debate entre los que afirman que se ha militarizado la seguridad del país y aquellos que rechazan que con tales nombramientos se esté militarizando la seguridad.

En una sociedad tan polarizada ideológicamente como la nuestra es bastante común considerar la realidad desde un solo aspecto sin posibilidades de matizar. No es mi interés atacar al FMLN, al gobierno ni a las otras fuerzas políticas. Mi interés es proponer una posible clave para comprender lo que nos pasa socialmente.

Definamos el militarismo: es la ideología que sostiene que la fuerza militar es la fuente de toda la seguridad. En lo político se ha expresado con el lema si quieres la paz, prepárate para la guerra.

Con el concepto de militarismo no me refiero aquí únicamente a la mentalidad de los miembros de un ejército o fuerza armada tradicional. Me refiero al componente de la ideología militarista determinante de las formas de pensar de las personas dentro de la estructura social. La coyuntura actual refleja que el militarismo está metido de lleno en las mentes de los políticos, de empresarios y en términos generales, alcanza a todos los sectores de la vida nacional. Obviamente hay excepciones y podemos ver sus manifestaciones en personas, grupos o colectivos altamente concientes de la necesidad de superar este militarismo, pero no son la regla.  

Uno pensaría que un gobierno de izquierda jamás nombraría en temas de justicia y seguridad a un militar; lo mismo se pensaba para la dirección de la PNC nunca un gobierno de izquierda nombraría un director que unos días antes fungiera como Vice Ministro de la Defensa Nacional. La coyuntura refleja además que el militarismo como ideología  parásito es promiscua: convive con la ideología de izquierda o de la derecha; con creyentes y con ateos, con obreros y con profesionales, con feministas y con machistas, etc., incluso dentro de la democracia tiene su lugar dentro de los límites de la constitución.

Es la sociedad salvadoreña vista en su conjunto la que es militarista, doscientos años de historia se pueden resumir en la historia militar de nuestro país. Desde los procesos independentistas hasta los Acuerdos de Paz el recurso de las armas y la disposición de grandes números de personas dispuestas a usarlas han definido el curso de nuestra historia. Todavía escucho a dirigentes de la ex guerrilla del FMLN explicar que si no se logró obtener más, en la negociación de los acuerdos, fue por falta de fuerza militar: se negoció hasta donde alcanzaba la cobija de la presión militar que ejercían. Una situación que confirma la confianza que tenemos en el uso de la fuerza y de la violencia es el combate contra las pandillas: los gobiernos de Arena implementaron los famosos planes Mano Dura y fueron diseñados por “civiles”; hoy está en poder la izquierda y la solución es combinar capacidades y estrategias del Comando Anti-terrorista de la FAES y formar cuadros dentro de la PNC y así crear el Grupo de Intervención Anti-pandillas, básicamente ideado por expertos militares ¿cuál es la diferencia entre uno y otro plan?. Creo que nos perdemos en el debate cuando creemos que portar o no un uniforme militar es lo que define y diferencia una sociedad militarista de una sociedad civil. Buscando una explicación a este fenómeno. Evidentemente tenemos un problema y me atrevo a pensar que tiene que ver con el poder como dominación.

La sociedad salvadoreña establece sus relaciones sociales dejándose regir por la relación mando/obediencia. Y este es el verdadero carácter que diferencia a una sociedad militarista de una civilista. Hemos comprendido que tener poder es mandar y al que no se deja someter por esta relación se impone por la fuerza. Obviamente el ejercicio de este poder como dominación está en relación con los recursos que cada uno tenga así quien tiene más recursos manda más. Hannah Arendt cuando analiza la relación entre poder y violencia (dominación) concluye que ambos son opuestos donde hay violencia no hay poder. Para ella, la noción de poder “corresponde a la capacidad humana, no simplemente para actuar, sino para actuar concertadamente”. El gran desafío de una sociedad como la nuestra es construir relaciones de poder más allá de la relación mando/obediencia, pero no hay que ser ingenuos y hay que preguntarse ¿a quién le conviene una sociedad militarizada? ¿Qué negocios prosperan? ¿Qué intereses se oponen a la transición hacia una sociedad civil? Una sociedad organizada por esa relación de dominación necesariamente recurre a la violencia ya sea institucional ya sea política, económica, religiosa o cultural. En una sociedad militarizada donde predomina la relación social mando/obediencia la violencia tiene sentido aunque sea irracional porque no hay reconocimiento mutuo entre las personas como sujetos; es éste no reconocimiento el que no permite dialogar, concertar y tomar decisiones para la acción política. Al no existir este reconocimiento se impone la dominación de unos sobre otros en un ciclo sin fin. Como dice Arendt las armas únicamente cambian de manos.

El laberinto militarista salvadoreño – Noticias de El Salvador – ContraPunto – Noticias de El Salvador – ContraPunto

Zeneida Rivera (*)

SANTIAGO DE CHILE – Coordinadora del proyecto Red Xuchit TututLa estrechez de los mercados es uno de los obstáculos más importantes a los que se enfrentan las economías pobres, y suele vincularse al bajo nivel de ingreso de la población, lo que a su vez obstruye los procesos de tecnificación, de aprovechamiento de economías de escala y de aumento de la productividad. Es la realidad que experimentan muchas localidades rurales en América Latina y que algunos se han propuesto desafiar.

Un ejemplo de eso es lo que ha ocurrido en el Municipio de Suchitoto, en El Salvador, con la creación el 2007 de la Red Xuchit Tutut (RXT), iniciativa analizada recientemente por Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, a través del proyecto Alianzas para el Empoderamiento Económico (AEE), para sistematizar y compartir sus aprendizajes.

Pese a ser uno de los municipios rurales con más altos índices de pobreza del país, en Sushitoto la red RXT logró formular un proyecto común y crear el 2008 un instrumento novedoso de política para el desarrollo: un vale propio de intercambio económico complementario a la moneda oficial (US dólar), llamado Unidad de Intercambio Solidario Suchitotense (UDIS) y utilizable localmente en empresas y negocios que forman parte de la Red. El objetivo principal de esta estrategia es vincular activamente a los distintos agentes económicos del municipio, buscando generar demandas y ofertas hacia adentro del territorio para aumentar la producción total, e impulsar un nuevo dinamismo económico. La idea subyacente es que hay “potenciales escondidos” en la economía del territorio que deben ser explotados para superar las privaciones, y generar ingresos y empleos.

La red comenzó con el apoyo externo de STRO (una ONG de cooperación de los Países Bajos) y cuatro integrantes iniciales e impulsores de la iniciativa: una cooperativa local (ACORG) actuando como institución emisora que otorgaba créditos en UDIS para compras en negocios de la Red; una importante abastecedora de insumos agrícolas (INACOSAL S.A. de C.V) y dos ONGs con trayectoria de trabajo en la zona, como son el Comité de Reconstrucción y Desarrollo Económico Social de Comunidades de Suchitoto (CRC) y la Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo (REDES). En septiembre de 2011, la Red contaba ya con 111 negocios participantes. Entre sus iniciativas, la Red promovió la instalación de un agromercado local que ha potenciado la actividad agrícola de la zona, e impulsó la articulación social para abordar problemáticas comunitarias críticas.

Más allá de sus logros, así como de dificultades que siempre están presentes y que impiden todavía asegurar la sostenibilidad de esta experiencia, el caso de la Red RXT nos permite extraer algunas lecciones.

La primera es que nunca se deben subestimar las capacidades propias de los emprendimientos rurales y urbanos, y los potenciales escondidos que tienen las economías locales en desventaja. La experiencia de la Red con los UDIS y el agromercado es que los productores rurales pudieron incrementar de forma significativa sus ventas y que la iniciativa hizo una diferencia en sus ingresos y su nivel de bienestar sólo por el hecho de abrir oportunidades de mercado.

Una segunda lección se relaciona con el potencial del esfuerzo solidario y colectivo. Una iniciativa como esta fue posible gracias a una acción colectiva que procuraba el beneficio común. Por ello, lograr una adecuada articulación de los impulsos solidarios es vital.

Una tercera lección es la importancia de la autovaloración y del conocerse a sí mismos. La RXT se construyó en parte a partir de la identificación de la historia, los valores y las potencialidades de Suchitoto y su gente, y desde allí orientó el esfuerzo comercial hacia la compra de productos locales, una pieza clave de los logros de la red.

Una cuarta lección tiene que ver con la necesaria integralidad de los esfuerzos de desarrollo. La experiencia de la RXT muestra luces y sombras al respecto. Por un lado, explotó exitosamente los factores subjetivos, como la autoestima, y otros objetivos, como la expansión de los mercados o la capacidad asociativa y organizativa. Pero, por otro, los avances en materia de desarrollo productivo han sido reducidos, lo que constriñe sus logros. Es por ello que la expansión de los mercados a la que aspira esta iniciativa necesariamente debe ser complementada con una estrategia de desarrollo productivo y de transformación de las prácticas agrícolas, manufactureras o de servicios, que incremente la productividad y mejore la calidad. Es lo que, en última instancia, ayudará a dar sostenibilidad al esfuerzo.

Desarrollo rural y economía solidaria – Noticias de El Salvador – ContraPunto – Noticias de El Salvador – ContraPunto

Por Paolo Lüers* Miércoles, 25 de Enero de 2012

Es absurda la orden que Mauricio Funes, en su carácter de comandante general de la Fuerza Armada, dio al coronel Sigifredo Ochoa Pérez, a presentarse al servicio militar activo luego de 24 años de vida civil. En todos los sentidos posibles.

Es absurdo que el presidente de la República haga uso de su competencia de llamar al servicio militar activo a un oficial retirado, sin que haya una urgencia o emergencia que justifique una medida tan excepcional. Funes emitió esta orden sin ninguna razón que tenga que ver con asuntos militares. No está llamando a Ochoa Pérez al servicio militar activo para encargarle una misión militar, o algo que requiera de experiencia militar. Lo está obligando a ponerse el uniforme para cumplir una misión civil. Si el presidente piensa que el interés de la nación demanda que Sigifredo Ochoa Pérez se incorpore a la Comisión Consultiva de Asuntos Limítrofes, perfectamente le hubiera podido ofrecer este cargo como civil. Y Ochoa Pérez, como ciudadano civil, hubiera podido tomar la decisión de aceptar este nombramiento o rechazarlo. Como militar activo no tendrá esta libertad. Estaría obligado a cumplir órdenes. ¿Qué sentido tiene tener en una Comisión Consultiva a alguien que no quiere estar ahí y sólo está acatando órdenes? Ninguno.

Lo más absurdo es que Funes quiere que Ochoa Pérez, una vez de alta como militar activo, se incorpore a la misma Comisión Consultiva adscrita al Ministerio de Relaciones, de la cual el año pasado separó al doctor Fabio Castillo por falta de confianza.

Si Fabio Castillo, para una misión de esta índole jurídica y diplomática, no es hombre idóneo o de confianza para el presidente, ¿cómo lo será el coronel Sigifredo Ochoa? Fabio Castillo se había atrevido a criticar al presidente, y esto destruyó la base de confianza y llevó a su inmediata destitución, por órdenes presidenciales. Pero Ochoa Pérez ha criticado al presidente de manera mucho más sistemática y de fondo que Fabio Castillo. A diferencia de Fabio Castillo, Ochoa Pérez es un hombre de derecha, un militante activo y candidato a diputado de ARENA. Y a este hombre el presidente lo quiere de alta en la Fuerza Armada y lo designa representante del Ministerio de Defensa en la Comisión Consultiva de Relaciones Exteriores… Vaya alguien a entender a este presidente.

Todavía no terminan las incongruencias en el actuar presidencial. Resulta que a los pocos meses de asumir la presidencia, Mauricio Funes destituyó al coronel Sigifredo Ochoa Pérez de su cargo de embajador salvadoreño en Honduras. Razón expresa: falta de confianza. La verdadera razón: las buenas relaciones de Ochoa con sus homólogos hondureños, en este momento en el banquillo de los acusados, luego de haber expulsado del país al presidente Zelaya…

Entonces, si obviamente no es por confianza, si no es por emergencia militar, si tampoco es por su alta calificación profesional-académica, ¿por qué es tan importante tener al coronel Ochoa Pérez en la tal Comisión Consultiva, que el presidente tome la medida tan extraordinaria de obligarlo a asumir el cargo poniéndole de alta como militar?

No hay razón. La única manera de explicarlo es el capricho de un presidente que no aguanta la crítica. Ya Funes le advirtió públicamente a Ochoa Pérez que se cuide la lengua, ya que ahora es sujeto a disciplina militar.

Se trata, a todas luces, de un abuso de poder. Hay abusos de poder que son risibles, como mandar a instalar semáforos enfrente de la residencia presidencial. Y hay abusos que nos deben de preocupar a todos, porque involucran su función de comandante en jefe de la Fuerza Armada. Siempre cuando el presidente toma decisiones ejerciendo esta función, está en juego la seguridad nacional. Ahí no puede haber espacio para decisiones antojadizas, indiscriminadas o de capricho. Está en juego la autoridad y legitimidad de la máxima autoridad militar.

Un presidente no tiene derecho de intervenir en los asuntos de la Fuerza Armada por razones que nada tienen qué ver con consideraciones militares o de seguridad, sino exclusivamente con la incapacidad del presidente de lidiar con críticas. Poner de alta a un oficial retirado para callar a un opositor, es inadmisible.

Si esta movida además significa una intervención presidencial en una elección popular, es doblemente condenable. Esto es el caso, porque Sigifredo Ochoa Pérez está legalmente inscrito ante el Tribunal Electoral como candidato opositor a una diputación. Poniéndolo de alta, sin ninguna razón de Estado, es claramente una intervención indebida en el proceso electoral, ya que Ochoa Pérez, una vez de alta, no puede seguir siendo candidato.

La única manera de reparar el daño que el presidente está haciendo a la institucionalidad democrática del país es revocando su propia orden de declarar de alta al coronel Sigifredo Ochoa Pérez.

elsalvador.com, Un capricho presidencial inaceptable

Por Rodolfo Chang Peña* Miércoles, 25 de Enero de 2012

En El Salvador tal parece que "la ley del menor esfuerzo" impera en todos lo órdenes de la vida cotidiana; en algunas instituciones crediticias, en lugar de buscar primero en la base de datos de sus clientes, hablan por teléfono a las viviendas de estos últimos para preguntar por el número de teléfono de su lugar de trabajo. La policía de tránsito se desquita con los pobres conductores de la tercera edad en lugar de emprenderla contra los buseros que pelean vía, irrespetan semáforos y hacen paradas sobre la Autopista Sur.

Se dice que el Ministerio de Hacienda se empacha en los pobres empleados que tienen un solo empleo y miran con lupa sus declaraciones de renta, pero no hacen lo mismo con los microbuseros propietarios de dos o tres unidades, que no declaran o declaran lo que les viene en gana. Tampoco la emprende contra los que compran dos o tres máquinas y fabrican calcetines y camisas en sus casas para nutrir el mercado informal y competir en forma desleal con los que pagan puntualmente sus impuestos.

En los estacionamientos y zonas de carga de los mercados de las ciudades importantes del país se llevan a cabo múltiples transacciones, casi todos dicen que son pequeños productores o pequeños comerciantes, pero son capaces de comprar una camionada de cocos, papayas y plátanos sin facturación, recibos, ni nada. Alguien trae de Sonsonate pescado, mariscos, grandes redes de yuca y anonas, que rápidamente desaparecen entre los detallistas. Los fabricantes de hamacas, peroles, cántaros, comales, alfarería en general, flores de papel y coronas, abastecen los puestos solamente con contratos de palabra.

A las colonias, urbanizaciones y residenciales llegan legiones de albañiles, electricistas, plomeros, destapadores de cañerías y carpinteros que pasan invariablemente grandes cuentas sin facturar. A estos se agregan los diseñadores gráficos, programadores y expertos en mantenimiento de equipo informático, que no sólo cobran caro sin mediar facturas, sino también resulta que distribuyen repuestos de marca o "chabela", accesorios y equipos completos usados o nuevos.

Tiendas, panaderías, salones de belleza y una gran diversidad de negocios montados en las viviendas y manejados por miembros de la familia, algunas veces con volúmenes significativos de ventas, operan fuera de la ley. En las barriadas pasan por pupuserías muchos negocios de verduras, frutas, gaseosas, cervezas y comida a la vista. Dependiendo de la zona, una gran cantidad de artesanos y operarios reparan radiadores y escapes en la vía pública, hacen trabajos importantes de electricidad, fabrican piezas, lavan vehículos y reparan mecanismos sube vidrio y jamás extienden factura.

Y si lo anterior fuera poco, en San Salvador existen desde hace muchos años negocios en determinados puntos que se sabe comercian con repuestos, herramientas, llantas de repuesto, rines, radios, caseteras y otros artículos de dudoso origen. Se agrega el negocio de emblemas, adornos y antenas que han sido arracadas a vehículos estacionados.

La situación es tan controversial y fuera de control, que mientras los dueños de una champa informal, sin rótulo, que vende atole de elote y riguas todos los días, tienen capacidad para comprar propiedades, vehículos de carga y tener sus hijos en colegios caros, existen profesionales de ciertas autónomas que rechazan trabajos como asesorías fuera de su horario normal para no pagar tantos impuestos.

elsalvador.com, ¿Qué corona tienen los evasores de impuestos?

Cada niño que queda sin escuela, o recibe una enseñanza deficiente, o cae en la delincuencia y los vicios, es un ser al que se le ha robado su futuro y que termina como carga para el país

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Miércoles, 25 de Enero de 2012

El Salvador puede perder una obra de gran beneficio para nuestra sociedad, los talleres de rehabilitación de jóvenes emproblemados que dirige el Padre Pepe si se suprime, sin causa válida, el subsidio que desde hace años viene recibiendo del Gobierno.

En el Polígono Industrial Don Bosco, ubicado en la capital, cada año, más de cuatrocientos niños y jóvenes reciben la enseñanza reglamentaria pero, adicionalmente, son instruidos en soldadura, electricidad, corte y confección, carpintería y el uso y la reparación de computadoras. Además los jóvenes aprenden a tocar instrumentos musicales, lo que convierte al centro en un conservatorio de primer nivel.

Como pudieron ver nuestros lectores en la noticia publicada el sábado, la escuela tiene instalaciones muy bien equipadas, seguras y agradables. El Polígono es un oasis en medio de una zona difícil, donde sumados a los alumnos que viven en las áreas al norte de San Salvador, hay ciento cincuenta estudiantes internos procedentes de distintos lugares de la República.

La mayoría de ellos proviene de escuelas y centros en las que ha tenido problemas de seguridad, amenazas y extorsiones.

Con el subsidio se complementa el pago de docentes, la compra de materiales, la manutención de los internos y el mantenimiento y operación del Polígono.

A esto se suma lo que nunca se podría pagar: la dedicación, el espíritu de servicio, la experiencia y los conocimientos del Padre Pepe y de toda la comunidad salesiana, que, año tras año, entrega a nuestro país cientos de jóvenes graduados, que han aprendido oficios y ocupaciones y saben hacer cosas buenas con sus manos, muchachos y muchachas responsables, disciplinados y con buenos principios morales y espirituales.

¿Por qué destruir

lo que beneficia a tantos?

La pregunta obligada es: ¿Por qué razón se querría destruir un centro que tantos beneficios brinda al país y a la zona donde está ubicada? El Padre Pepe declaró a nuestro periódico que se cumple con todas las normas y exigencias del Ministerio, por lo que desconocen los motivos por los que no aprueban el subsidio.

¿Cuánto costaría construir, equipar, sostener y preparar a maestros experimentados, con gran espíritu de servicio y con los conocimientos y la trayectoria de los que laboran en el Polígono?

Cuando tanta falta hacen buenas escuelas, centros de readaptación, instalaciones seguras e instituciones que acojan a jóvenes perseguidos y emproblemados, ¿por qué se le negaría al Polígono el muy limitado subsidio que fue aprobado por la Asamblea pero que entregan con meses de retraso?

El Padre Pepe señaló que en la Asamblea Legislativa se les informa que "el subsidio de $300 mil ya fue establecido en el presupuesto de la cartera de Educación", pero que en esta última no les dan razón al respecto.

Muy mal vamos si a la par de la pobre obra que realiza el actual Gobierno, del ruinoso estado de tantas escuelas y centros de enseñanza, de la carencia de lugares donde se enseñen oficios y se cuide a los jóvenes, lo que ya funciona, lo que funciona bien y lo que tanto servicio presta, se trate de ahogar.

Como se dice popularmente, ni hacen ni dejan hacer, o más bien, no hacen pero la emprenden contra los que hacen buenas cosas. El mundo patas arriba.

Cada niño que queda sin escuela, o recibe una enseñanza deficiente, o cae en la delincuencia y los vicios, es un ser al que se le ha robado su futuro y que termina como carga para el país.

elsalvador.com, En riesgo subsidio estatal para Polígono Don Bosco

En dos meses el presidente desmanteló el andamiaje civil del gabinete de seguridad pública para poner a militares. El 22 de noviembre juramentó al general David Munguía Payés como ministro del ramo y como coordinador del gabinete de seguridad. Luego puso a un asesor militar de Munguía Payés como subdirector del Organismo de Inteligencia del Estado y este lunes nombró a un general en la PNC.

Sergio Arauz y Gabriel Labrador

elfaro.net / Publicado el 24 de Enero de 2012

Una semana después de reclamar a la Fuerza Armada por honrar como héroes a militares violadores de derechos humanos, el presidente Mauricio Funes nombró este lunes a un militar del máximo rango posible como director de la Policía Nacional Civil, y sacó del retiro a otro militar que, aparte de ser candidato a diputado por el partido Arena, rinde culto a militares violadores de derechos humanos, y retó al presidente a aclarar si quería guerra.

Funes destituyó al comisionado Carlos Ascencio como director de la PNC y en su lugar nombró a quien hasta hoy tenía el cargo de viceministro de la Defensa Nacional, el general de división Francisco Ramón Salinas Rivera. Este fue jefe del Estado Mayor cuando el ministro de la Defensa era el general David Munguía Payés, quien en noviembre pasado fue nombrado ministro de Seguridad Pública.

El presidente también hizo un anuncio que en la práctica podría significar que saque de la contienda electoral a un militar que le criticó su discurso de la semana anterior y que aspira a ser diputado por el partido Arena. Se trata del coronel Sigifredo Ochoa Pérez, a quien Funes llama al servicio activo después de 24 años de haberse retirado, y que desde ya dice que se trata de una trampa del gobernante.

 

En el caso de los cambios en Seguridad Pública, una vez Munguía Payés se hizo cargo del ramo, Salinas Rivera se convirtió en viceministro, hasta dos meses más tarde, cuando por primera vez en la historia de la PNC un militar toma las riendas de una institución que se concibió separada del estamento militar responsable de graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil y antes de ella.

La llegada de Salinas Rivera se produce una semana después de que el presidente diera una reprimenda pública a los militares, a quienes pidió que dejen de exaltar como héroes a violadores de derechos humanos. Funes dio ese discurso en el acto de conmemoración de los 20 años de la firma de la paz, y escogió como escenario el caserío El Mozote, en Morazán, porque ahí el ejército perpetró la más grande masacre de civiles ocurrida en la historia de El Salvador: un millar de víctimas, la mitad de ellas menores de edad.

Funes explicó que se decidió por Salinas Rivera después de hacer una revisión de nombres y cargos desde diciembre pasado, cuando él pidió a sus principales colaboradores que pusieran sus cargos a disposición. El nombramiento de un militar de alta graduación facilitaría la comunicación en un gabinete que ya lo dirige otro militar de alta graduación. "Lo elegí a él por ser un miembro relevante del gabinete, reconocido por sus compañeros, además, fue el primer jefe del escuadrón Zeus", que fue la unidad encargada de acompañar las labores de seguridad pública de la Policía.

Cuando se le preguntó qué esperaba del genera de brigada, Funes explicó: "Salinas tiene dos misiones: fortalecer la institucionalidad de la Policía y mejorar el desempeño de los agentes, y dos, mejorar la coordinación interinstitucional para alcanzar los niveles de seguridad que necesita el país".

Cuando en noviembre pasado Funes destituyó al ex comandante guerrillero Manuel Melgar como ministro de Seguridad, un grupo de jefes policiales, previendo la llegada de un militar al cargo, se reunió y discutió la posibilidad de renunciar si se concretaba el nombramiento de Munguía Payés. La PNC tiene una marcada división entre oficiales provenientes de las filas del ejército y aquellos que provenían de las filas de la guerrilla desmovilizada del FMLN. Los jefes policiales que combatieron del lado de la guerrilla no conciben que un militar pueda tomar las riendas del área de seguridad pública exitosamente, porque creen que carece de la preparación mínima en la materia para encontrar la solución a la criminalidad.

En diciembre pasado, Funes también destituyó al director del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), Eduardo Linares. Este había sido un jefe guerrillero y no era de la confianza del presidente, según este dijo a oficiales de la embajada de Estados Unidos en El Salvador. Funes temía que lo espiaran a él y decía temer incluso por su seguridad personal. Cuando Linares dejó el puesto, quedó como director interino el coronel Simón Alberto Molina Montoya, un asesor de Munguía Payés cuando este era aún ministro de la Defensa. Ahora, Molina Montoya es subdirector del OIE.

Hace tres semanas, Funes nombró al economista Ricardo Persomo como máxima autoridad del OIE. Perdomo es, al igual que Molina Montoya, una persona cercana a Munguía Payés. El mandatario negó que se tratara de un proceso de militarización: "Este no es un proceso de militarización. Yo no estoy poniendo a la Policía ni al mando de la Fuerza Armada ni de un militar, sigue bajo el área de seguridad. (La militarización) no se da por llamar a un militar en situación de retiro a la dirección de la corporación", dijo. Salinas Rivera estaba activo hasta hoy, precisamente al saltar del cargo de viceministro de Defensa al de director de la PNC.

El presidente también señaló que las críticas ante los nombramientos más parecen que tienen tintes políticos. "Esta discusión me parece estéril y podría estar revelando pérdida de cuotas de poder dentro de instituciones que no tienen por qué estar bajo control de ningún partido político. La corporación policial  es una corporación apolítica y responder a los intereses del Estado", dijo.

Antes de que Funes juramentara a Salinas Rivera El Faro había consultado con dos comisionados que tienen comunicación directa con  la oficina del ahora exdirector Carlos Ascencio, y hasta las 3 de la tarde de este lunes, ninguno había sido notificado por ninguna autoridad de tales cambios. "Vamos a reunirnos a las 5 de la tarde, todos", dijo un comisionado.

Desde diciembre del año pasado, el ministro de Seguridad ha realizado una serie de propuestas para nombrar a alguien de su confianza como director de la policía.

"El mismo presidente había rechazado varias propuestas de corriente militar. Sé que el presidente tenía comunicación directa con el comisionado Ascencio, por eso no esperamos esta noticia", comentó este lunes un sorprendido funcionario de gobierno consultado por El Faro.

Cuando en noviembre pasado parecía ya inminente la llegada de Munguía Payés a Seguridad Pública, el ala  compuesta por ex combatientes guerrilleros dentro de la PNC advirtió incluso la posibilidad de una renuncia grupal. Dicha advertencia llegó a oídos del presidente Funes, quien los reunió en Casa Presidencial.

Salinas Rivera no dio declaraciones a la prensa durante el acto de su juramentación, pero ahora tendrá que colaborar con la meta que Munguía Payés se trazó en público en noviembre pasado, cuando prometió reducir en un 30% la incidencia de crímenes al cabo de un año.

En una entrevista que le hizo el Instituto Naval de Estados Unidos, publicada en marzo de 2010, Salinas Rivera esbozaba brevemente algunas ideas sobre cómo combatir la criminalidad. Para entonces tenía el rango de general de brigada, que es inmediatamente inferior al que tiene ahora como general de división. "La falta de oportunidades de empleo, la baja recaudación de impuestos y las deportaciones hacia nuestro país de salvadoreños vinculados al crimen, son algunos de los factores que facilitan el desarrollo y el fortalecimiento de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 en las ciudades de Puerto El Triunfo, Puerto de La Libertad y Acajutla", dijo en aquella ocasión. Luego revelaba su visión de cómo atacar el problema: "Es necesario utilizar unidades de la Fuerza Naval para restaurar en esos lugares el orden civil, la actividad económica y reducir la criminalidad".

Inspectora prepara su renuncia

Una vez se hizo oficial la destitución de Ascencio, otra pieza clave del gabinete de Seguridad Pública decidió romper con el gobierno. Fuentes del ramo aseguraron que la inspectora general de la PNC, Zaira Navas, había decidido dejar el cargo al conocer la remoción de Ascencio.

Hasta ahora, la inspectoría general depende de la dirección de la PNC, y Navas podría enfrentarse a una situación irónica dado su pasado en un organismo que logró evidenciar cómo los militares se dedicaron a la desaparición sistemática de menores durante la guerra civil. Navas fue abogada de la Asociación Pro Búsqueda, una organización no gubernamental que logró ubicar a cientos de menores desaparecidos que habían sido dados en adopción a familias en el extranjero y en muchos casos había indicios de que durante la guerra se generó un mercado de venta de menores.

"Ella está preparando su renuncia para presentarla este martes", dijo una fuente del gabinete de seguridad que pidió el anonimato. "Entiendo que dejará el cargo", dijo otra. Ella, consultada sobre esa posibilidad, se limitó a decir que hasta este lunes no es cierto que haya presentado su dimisión como inspectora.

La Inspectoría inició una investigación, surgida a partir de declaraciones de un informante de la DEA, que involucra a un grupo de altos mandos policiales que supuestamente usaban el uniforme para prestar servicios de seguridad de frontera a frontera a cargamentos de droga. El informe es oficial y salpica al ex director de la Policía Ricardo Menesses y al jefe del Centro Antipandillas, Douglas Omar García Funes. Junto a ellos podrían estar implicados 16 oficiales más. En la investigación, Menesses –que dirigió la corporación entre 2003 y 2005- es vinculado por testigos protegidos por la Fiscalía con un supuesto narcotraficante. En la misma investigación disciplinaria, la Inspectoría reveló indicios de otros posibles ilícitos ejecutados por otros cinco jefes policiales, entre los que figuran el ex subdirector de Áreas Especializadas, hoy jefe del Centro Antipandillas, García Funes.

Funes vuelve a la vida activa a militar que lo desafió

Saltándose del discurso que tenía escrito en sus apuntes, el presidente Funes anunció que el coronel en situación de retiro Sigifredo Ochoa Pérez pasará a ser el representante del Ministerio de Defensa en la Comisión Consultiva de Límites, una entidad creada por la administración de Armando Calderón Sol para dirimir problemas limítrofes.

Ochoa Pérez es candidato a diputado por el partido Arena en San Salvador y hace una semana llamó a detener los cambios que Funes pretende que haga la Fuerza Armada para que ya no sean considerados héroes aquellos militares responsables de graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil. Tal es el caso del coronel Domingo Monterrosa, quien como comandante del Batallón Atlacatl fue responsable del asesinato de unos mil campesinos en diciembre de 1981, durante un operativo de tierra arrasada. Los sobrevivientes todavía guardan consigo los huesos de sus parientes y reclaman justicia al Estado.

La semana pasada, cuando Funes dijo haber ordenado al ejército a no exaltar figuras como la de Monterrosa, Ochoa Pérez publicó en Facebook con rechazo a las pretensiones presidenciales, preguntándole si lo que quería era guerra. Se refirió, despectivamente, a las palabra de Funes como "una perorata" y hacía un llamado a ponerle un alto al gobernante. Ochoa Pérez, además, es un declarado seguidor de Monterrosa, y en algunas de sus intervenciones en Facebook incluso se ha referido al presidente como "FUNES TO".

Al consutarle al presidente Funes sobre la aparente incongruencia de nombrar a un militar que se consideró ofendido con su discurso presidencial, Funes respondió que no había contradicción porque el nombramiento del coronel estaba pensado desde antes del lunes 16. "El nombramiento estaba pensado mucho antes de que el coronel Ochoa Pérez expresara lo que dijo sobre la solicitud de perdón y a la orden que instruí a la FAES para que se creara un comisión que revisara la historia y la doctrina militar", dijo Funes.

Ochoa Pérez es un militar en retiro y a partir del nombramiento de este día pasa a las filas de las Fuerzas Armadas en condición activa. "Él se convierte en miembro de esta comisión porque así lo he ordenado yo (…) Él era un civil gozando de su retiro, y ahora ante la necesidad del servicio, la necesidad de integrar a un elemento de las Fuerzas Armadas que él, en su intervención dijo defender y respetar, entonces, qué mejor representante en esa comisión para velar por los intereses de la Fuerza Armada que alguien que públicamente se ha dicho que se considera un soldado y que defenderá en todo lugar y en todo momento a la Fuerza Armada", señaló Funes.

Se le preguntó al presidente si no le provocaba desconfianza que Ochoa Pérez tuviera profundas diferencias ideológicas con él, y lo que respondió fue que el militar puede expresar lo que desee en su condición de ciudadano. "El coronel expresó lo que expresó como ciudadano, y está en todo su derecho de estar en todo su derecho sobre la visión del proceso político salvadoreño que tenga este servidor. Lo hizo en su condicion de dirigente politico y aspirante a candidato y una diputación por el departamento de San Salvador por el partido Arena".

El partido Arena comunicó a El Faro que el llamado a Ochoa Pérez fue inconsulto y que el coronel está evaluando sus salidas jurídicas. "Al parecer tiene 72 horas para dar una respuesta", dijo Ernesto Muyshondt, director de información de Arena.

Ochoa Pérez, citado por El Diario de Hoy, dijo que nadie le había consultado sobre el posible nombramiento. Añadió que no atenderá el llamado del presidente y que cree que solo quiere que se calle sus críticas. Funes arremetió contra Ochoa y lo invitó a medir su opinión en público: "Cuando él expresó esas opiniones no era funcionario de este gobierno, ahora que  está sometido a la jerarquía militar y que yo paso a ser su comandante general entonces él tiene que cuidar sus expresiones", dijo. 

El mandatario explicó que la mañana de este lunes firmó la orden general de cambios de la Fuerza Armada para hacer posible la aceptación de la situación de retiro del general Salinas, la aceptación de su renuncia ante el viceministerio de Defensa y el nombramiento como nuevo titular de la corporación policial. Ahí mismo va el llamado para situación activa para el coronel Ochoa Pérez.

Si se concreta el regreso al servicio activo de Ochoa Pérez, este tendría que dejar su candidatura a diputado por un impedimento constitucional. El artículo 127 de la Constitución, en su ordinal 1o., dice que los militares de alta no podrán ser candidatos a diputados. Esta maniobra de Funes, por lo tanto, podría ser una manera del presidente de sacar de la carrera política a un militar que se retiró del servicio activo hace ya 24 años.

Funes nombra a un general como director de la Policía Nacional Civil – ElFaro.net